Justicia

A pocos meses de cumplirse 10 años de la entrada en vigencia de la actual Constitución, hay un limitado ejercicio de valoración de sus instituciones jurídicas, el diseño institucional y los derechos. A propósito de la evaluación que se avecina a la Corte Constitucional, es conveniente reflexionar sobre los límites y potencialidades de la justicia constitucional a una década de la Constitución de Montecristi. Desde la sentencia emitida sobre el caso Marbuy vs. Madison -leading case-, por parte de la Corte 

Suprema de Justicia de EE.UU., presidida por el juez John Marshall se ha desarrollado un problema fundamental del constitucionalismo, este es la atribución de revisión de las leyes aprobadas por el Parlamento por parte de los jueces. Es decir, la función Jurisdiccional -Judicial-, bajo el modelo de división de poderes tendría la posibilidad de determinar la validez de las normas creadas por la función Legislativa como señala el jurista italiano, Riccardo Guastini.

En este sentido, nuestro texto constitucional le ha otorgado a la Corte Constitucional, ser el máximo interprete de la Constitución, eso implica la atribución de realizar el control de constitucionalidad sobre actos normativos, actos administrativos como señala su art. 436. Esto les da a los jueces constitucionales una tarea de suma importancia, el ser guardianes de la Constitución, en consecuencia, ser quienes vigilen la plena vigencia de los derechos constitucionales.

Así, las sentencias emitidas en los casos Satya o Rio Blanco, nos llevan a pensar que la justicia constitucional funciona, pero a su vez nos exige preguntarnos: ¿De qué depende su efectividad? Esta depende del cambio de régimen político, o de un baño de legitimidad, o quizás la lucha social o incluso las próximas elecciones. Al final, esta pregunta, solo tendrá una respuesta con el pasar del tiempo. No obstante, el control judicial de constitucionalidad seguirá siendo un punto de controversia en el debate sobre el constitucionalismo moderno. De lo que no hay duda es que las decisiones judiciales deberían ser siempre progresivas a la luz de los principios de igualdad y libertad, para garantizar los cambios paradigmáticos que necesitamos.

Extracto: “las decisiones judiciales deberían ser siempre progresivas a la luz de los principios de igualdad y libertad”.

Justicia

A pocos meses de cumplirse 10 años de la entrada en vigencia de la actual Constitución, hay un limitado ejercicio de valoración de sus instituciones jurídicas, el diseño institucional y los derechos. A propósito de la evaluación que se avecina a la Corte Constitucional, es conveniente reflexionar sobre los límites y potencialidades de la justicia constitucional a una década de la Constitución de Montecristi. Desde la sentencia emitida sobre el caso Marbuy vs. Madison -leading case-, por parte de la Corte 

Suprema de Justicia de EE.UU., presidida por el juez John Marshall se ha desarrollado un problema fundamental del constitucionalismo, este es la atribución de revisión de las leyes aprobadas por el Parlamento por parte de los jueces. Es decir, la función Jurisdiccional -Judicial-, bajo el modelo de división de poderes tendría la posibilidad de determinar la validez de las normas creadas por la función Legislativa como señala el jurista italiano, Riccardo Guastini.

En este sentido, nuestro texto constitucional le ha otorgado a la Corte Constitucional, ser el máximo interprete de la Constitución, eso implica la atribución de realizar el control de constitucionalidad sobre actos normativos, actos administrativos como señala su art. 436. Esto les da a los jueces constitucionales una tarea de suma importancia, el ser guardianes de la Constitución, en consecuencia, ser quienes vigilen la plena vigencia de los derechos constitucionales.

Así, las sentencias emitidas en los casos Satya o Rio Blanco, nos llevan a pensar que la justicia constitucional funciona, pero a su vez nos exige preguntarnos: ¿De qué depende su efectividad? Esta depende del cambio de régimen político, o de un baño de legitimidad, o quizás la lucha social o incluso las próximas elecciones. Al final, esta pregunta, solo tendrá una respuesta con el pasar del tiempo. No obstante, el control judicial de constitucionalidad seguirá siendo un punto de controversia en el debate sobre el constitucionalismo moderno. De lo que no hay duda es que las decisiones judiciales deberían ser siempre progresivas a la luz de los principios de igualdad y libertad, para garantizar los cambios paradigmáticos que necesitamos.

Extracto: “las decisiones judiciales deberían ser siempre progresivas a la luz de los principios de igualdad y libertad”.