“Informe” abusivo

Cuando inconstitucionalmente se le dio al CPCCS-T, la capacidad de “evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS cesado, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos”, a decir del propio Presidente de la República, no se le daba supuestamente un “cheque en blanco” sino únicamente la capacidad de: “…en el supuesto de que hubiera alguna observación con respecto a alguna persona o algún funcionario de las diferentes instancias del Estado, ese momento tendrán que acudir a donde corresponde, a la Asamblea Nacional para que allí se la juzgue”.

Con o sin “cheque en blanco”, como superintendente de la SOT y funcionario público que nada tiene que esconder, me sometí al proceso de evaluación, que respondió más a prejuicios y venganzas políticas, que a criterios técnicos y legales. El equipo evaluador arrogándose funciones hizo un trabajo ligero e irresponsable.

Para justificar lo injustificable se desconoció arbitrariamente la validez de mi título de cuarto nivel como “Máster en Dirección del Desarrollo Local” emitido por el IEB un centro de educación superior, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

No se aceptó el registro del título realizado por la SENESCYT y la Resolución MRL-2013-0146, que señala en forma expresa que los títulos propios son válidos para “la carrera del servicio público y el ejercicio de cualquier cargo en el sector público”.

En su afán persecutorio y pendenciero llegaron a un temerario e improcedente cuestionamiento de un titulo emitido en España, invadiendo competencias del Gobierno español. Adicionalmente los evaluadores en forma tendenciosa y con una interpretación ilegal e inmoral sostienen, que mi hijo Juan Fernando era gerente de una inmobiliaria cuando me designaron superintendente, en realidad había renunciado el 26 de abril de 2017 es decir 15 días antes de que se envíe la terna para superintendente. Para cumplir sus protervas consignas los “evaluadores” aplicaron ilegal y abusivamente, a las relaciones de parentesco, la norma prevista para evaluar relaciones del superintendente de la SOT con la máxima autoridad de los GAD municipales o metropolitanos en funciones o durante los cinco años previos a su nombramiento. El CPCCS-T tiene una última oportunidad de botar a la basura por arbitrario, ilegal y abusivo el informe de los evaluadores y actuar apegados a la Constitución, la Ley y la verdad. (O)
El proceso de evaluación del CPCCS-T respondió más a prejuicios y venganzas políticas, que a criterios técnicos y legales.

“Informe” abusivo

Cuando inconstitucionalmente se le dio al CPCCS-T, la capacidad de “evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS cesado, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos”, a decir del propio Presidente de la República, no se le daba supuestamente un “cheque en blanco” sino únicamente la capacidad de: “…en el supuesto de que hubiera alguna observación con respecto a alguna persona o algún funcionario de las diferentes instancias del Estado, ese momento tendrán que acudir a donde corresponde, a la Asamblea Nacional para que allí se la juzgue”.

Con o sin “cheque en blanco”, como superintendente de la SOT y funcionario público que nada tiene que esconder, me sometí al proceso de evaluación, que respondió más a prejuicios y venganzas políticas, que a criterios técnicos y legales. El equipo evaluador arrogándose funciones hizo un trabajo ligero e irresponsable.

Para justificar lo injustificable se desconoció arbitrariamente la validez de mi título de cuarto nivel como “Máster en Dirección del Desarrollo Local” emitido por el IEB un centro de educación superior, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

No se aceptó el registro del título realizado por la SENESCYT y la Resolución MRL-2013-0146, que señala en forma expresa que los títulos propios son válidos para “la carrera del servicio público y el ejercicio de cualquier cargo en el sector público”.

En su afán persecutorio y pendenciero llegaron a un temerario e improcedente cuestionamiento de un titulo emitido en España, invadiendo competencias del Gobierno español. Adicionalmente los evaluadores en forma tendenciosa y con una interpretación ilegal e inmoral sostienen, que mi hijo Juan Fernando era gerente de una inmobiliaria cuando me designaron superintendente, en realidad había renunciado el 26 de abril de 2017 es decir 15 días antes de que se envíe la terna para superintendente. Para cumplir sus protervas consignas los “evaluadores” aplicaron ilegal y abusivamente, a las relaciones de parentesco, la norma prevista para evaluar relaciones del superintendente de la SOT con la máxima autoridad de los GAD municipales o metropolitanos en funciones o durante los cinco años previos a su nombramiento. El CPCCS-T tiene una última oportunidad de botar a la basura por arbitrario, ilegal y abusivo el informe de los evaluadores y actuar apegados a la Constitución, la Ley y la verdad. (O)
El proceso de evaluación del CPCCS-T respondió más a prejuicios y venganzas políticas, que a criterios técnicos y legales.