Independencia Judicial

El modelo de división de poderes o del de separación de poderes tienen una implicación común, la especialización de la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial. Así nuestra Constitución en su art. 168 # 1 señala “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”. Este principio que ya constaba en nuestra Carta Magna del año 1998, como independencia externa de los órganos de la Función Judicial, a su vez también señalaba la independencia interna y externa de los jueces. En efecto, hoy los órganos de la Función Judicial tienen una doble independencia, tanto sus órganos jurisdiccionales como sus órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Publica.
No obstante, esa no es una patente de corso para la arbitrariedad de una sola persona, ese poder personalísimo fractura el Estado Constitucional de Derecho. Así, luego de la década ganada, es necesario evaluar la incidencia de la Revolución Ciudadana en la administración de justicia. En este sentido, Luis Pasara, jurista peruano, en su libro la Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana (2014), daba repuesta a una inquietud ¿Qué ha ocurrido con la independencia judicial en el contexto de la Revolución Ciudadana? Con claridad indicaba dos hallazgos importantes: 1) La criminalización de la protesta social, y 2) El Consejo de la Judicatura era el órgano donde se constataba la interferencia en el ámbito de los juzgadores, que comprometía su imparcialidad. Esto es que existía una vulneración a este principio.
Bajo las críticas que se señalaron, el nuevo CPCCS –transitorio- tomo la batuta en librar de este mal a la justicia ecuatoriana. Para ello se nombró a un nuevo Consejo de la Judicatura que tiene que cumplir con esa ardua labor. Sin embargo, el reciente hecho por el cual se sanciona a una jueza, por parte del órgano administrativo, nos llena de preocupación de que la labor de juezas y jueces sea nuevamente controlada y que la independencia judicial se quede en una mera aspiración. Esperemos que no. (O)
“Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa.”

Independencia Judicial

El modelo de división de poderes o del de separación de poderes tienen una implicación común, la especialización de la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial. Así nuestra Constitución en su art. 168 # 1 señala “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”. Este principio que ya constaba en nuestra Carta Magna del año 1998, como independencia externa de los órganos de la Función Judicial, a su vez también señalaba la independencia interna y externa de los jueces. En efecto, hoy los órganos de la Función Judicial tienen una doble independencia, tanto sus órganos jurisdiccionales como sus órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Publica.
No obstante, esa no es una patente de corso para la arbitrariedad de una sola persona, ese poder personalísimo fractura el Estado Constitucional de Derecho. Así, luego de la década ganada, es necesario evaluar la incidencia de la Revolución Ciudadana en la administración de justicia. En este sentido, Luis Pasara, jurista peruano, en su libro la Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana (2014), daba repuesta a una inquietud ¿Qué ha ocurrido con la independencia judicial en el contexto de la Revolución Ciudadana? Con claridad indicaba dos hallazgos importantes: 1) La criminalización de la protesta social, y 2) El Consejo de la Judicatura era el órgano donde se constataba la interferencia en el ámbito de los juzgadores, que comprometía su imparcialidad. Esto es que existía una vulneración a este principio.
Bajo las críticas que se señalaron, el nuevo CPCCS –transitorio- tomo la batuta en librar de este mal a la justicia ecuatoriana. Para ello se nombró a un nuevo Consejo de la Judicatura que tiene que cumplir con esa ardua labor. Sin embargo, el reciente hecho por el cual se sanciona a una jueza, por parte del órgano administrativo, nos llena de preocupación de que la labor de juezas y jueces sea nuevamente controlada y que la independencia judicial se quede en una mera aspiración. Esperemos que no. (O)
“Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa.”