Eliminemos el CPCCS

Visto

Nunca debió existir Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su germinación -como sabemos- obedeció a uno más de esos caprichos absolutistas del líder de la década perdida. De su trayecto institucional, igualmente, solo se recuerdan
penosos episodios de subyugación a Carondelet, que se reflejaron en designaciones de autoridades afines al régimen de turno, cuya misión fue legitimar y encubrir el abuso de poder.
Hoy los vergonzosos chascos del presidente del Consejo, José Tuárez, solo ratifican que el CPCCS no es más que una peligrosa herramienta al servicio de quienes patrocinan (y luego manejan) a los candidatos. Nota al pie merece el Consejo Transitorio. Bajo la batuta de Julio César Trujillo el Consejo se propuso disolver en algo el penetrante óxido de la estructuras clientelares del pasado reciente. Se lograron importantes avances y cambios que hoy exigimos
sean respetados por el nuevo Consejo, pues en la consulta de 2018 los ciudadanos le conferimos esta potestad a los consejeros transitorios.
El Consejo actual goza de escasa representatividad. Mucho se cuestionó el 20% de votación alcanzado por el alcalde Yunda, calificandolo de “exiguo” como para
encarnar la voluntad de los quiteños. Para sorpresa, “su majestad” José Tuarez I solo llegó a recolectar 962 046 voluntades ecuatorianas, menos del 8%, mientras que los votos nulos superan los dos millones y medio. El mensaje es claro: el Consejo y sus consejeros no nos representan.
Por otra parte, en tiempos “de austeridad” -como diría el oficialismo- el costo de mantener el CPCCS es oneroso.
Entre sueldos, mantenimientos y muebles, desde 2009 el Consejo le ha costado a todos los ecuatorianos cerca de 122 millones de dólares; es decir, una media de 12 millones anuales. Para este 2019, desde el Ministerio de Finanzas se han anunciado recortes presupuestarios; sin embargo, solo para sostener a los 400 empleados enrolados se requiere 8 millones. Entre sus últimas voluntades, el expresidente del CPCCS, Julio César Truijillo, expresó la necesidad de convocar a una Consulta Popular para desaparecer democráticamente la institución.
Este legado ha tenido eco a través de diferentes actores políticos quienes se han propuesto empezar con el arduo proceso de levantar las cerca de 700 000 firmas que se requieren para convocar al referéndum y, desde la ciudadanía, reformar parcialmente la Constitución. De ser así, ¡cuenten con mi firma! (O)
Entre sueldos, mantenimientos y muebles, desde 2009 el Consejo le ha costado a todos los ecuatorianos cerca de USD 122 millones.

Eliminemos el CPCCS

Nunca debió existir Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su germinación -como sabemos- obedeció a uno más de esos caprichos absolutistas del líder de la década perdida. De su trayecto institucional, igualmente, solo se recuerdan
penosos episodios de subyugación a Carondelet, que se reflejaron en designaciones de autoridades afines al régimen de turno, cuya misión fue legitimar y encubrir el abuso de poder.
Hoy los vergonzosos chascos del presidente del Consejo, José Tuárez, solo ratifican que el CPCCS no es más que una peligrosa herramienta al servicio de quienes patrocinan (y luego manejan) a los candidatos. Nota al pie merece el Consejo Transitorio. Bajo la batuta de Julio César Trujillo el Consejo se propuso disolver en algo el penetrante óxido de la estructuras clientelares del pasado reciente. Se lograron importantes avances y cambios que hoy exigimos
sean respetados por el nuevo Consejo, pues en la consulta de 2018 los ciudadanos le conferimos esta potestad a los consejeros transitorios.
El Consejo actual goza de escasa representatividad. Mucho se cuestionó el 20% de votación alcanzado por el alcalde Yunda, calificandolo de “exiguo” como para
encarnar la voluntad de los quiteños. Para sorpresa, “su majestad” José Tuarez I solo llegó a recolectar 962 046 voluntades ecuatorianas, menos del 8%, mientras que los votos nulos superan los dos millones y medio. El mensaje es claro: el Consejo y sus consejeros no nos representan.
Por otra parte, en tiempos “de austeridad” -como diría el oficialismo- el costo de mantener el CPCCS es oneroso.
Entre sueldos, mantenimientos y muebles, desde 2009 el Consejo le ha costado a todos los ecuatorianos cerca de 122 millones de dólares; es decir, una media de 12 millones anuales. Para este 2019, desde el Ministerio de Finanzas se han anunciado recortes presupuestarios; sin embargo, solo para sostener a los 400 empleados enrolados se requiere 8 millones. Entre sus últimas voluntades, el expresidente del CPCCS, Julio César Truijillo, expresó la necesidad de convocar a una Consulta Popular para desaparecer democráticamente la institución.
Este legado ha tenido eco a través de diferentes actores políticos quienes se han propuesto empezar con el arduo proceso de levantar las cerca de 700 000 firmas que se requieren para convocar al referéndum y, desde la ciudadanía, reformar parcialmente la Constitución. De ser así, ¡cuenten con mi firma! (O)
Entre sueldos, mantenimientos y muebles, desde 2009 el Consejo le ha costado a todos los ecuatorianos cerca de USD 122 millones.

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