“Diez centavitos... “

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El conjunto de medidas económicas anunciadas por el Presidente Moreno genera 1.600 millones de dólares anuales para el fisco. De esta suma, 200 millones provendrían de la reforma tributaria (que lo recaudaría el SRI) y 1.400 millones se obtendrían en la SENAE. Esta última cifra se descompondría en: 500 millones por recuperación de los valores a los contrabandistas, 400 millones por la aplicación de incrementos arancelarios y otros 400 millones de dólares por el cobro de una tasa de "servicio y control" fijada en 10 centavos por unidad del bien o servicio importado.
Algunos voceros de los gremios que representan a las empresas grandes y medianas así como algunos dirigentes políticos de la oposición -que esperaban un paquetazo sin rasguñar al sector que representan, a no ser que sea para colmarles de beneficios e incentivos- han expresado su tenaz oposición a las las siguientes medidas: mantener el ISD, retornar a la tarifa del 25% de Impuesto a la Renta para contribuyentes medianos y grandes , incremento de aranceles (para 375 partidas) y el establecimiento de una tasa por servicio y control. Esta última medida es la que mayor disgusto está provocando a la oposición. En la práctica, los 10 centavitos, son los que generarían los 1.000 millones de dólares, puesto que es la medida emblemática para combatir el contrabando (que bordea los 2.000 millones de dólares, según ha indicado el principal de la SENAE). La primera reacción para oponerse se refirió al peligro inflacionario por el traslado de la tasa a los consumidores. Los datos sobre el impacto de la medida y las cifras históricas de las declaraciones aduaneras, pronto les dejó sin piso; pues, el 70% de las unidades físicas importadas, son declaradas a un costo menor a los 5 centavos; sólo el 6% tienen un costo por unidad mayor a 1 dólar. Los casos detectados son hondamente preocupantes. El valor al que se declaran zapatos, corbatas, focos, cepillos de dientes, etc., hacen presumir márgenes de utilidad escalofriantes, que son licuados con la creación de empresas fantasmas dedicadas a la emisión y venta de facturas ficticias. Cierto que, esta mala práctica dedicada desde siempre a practicar el libre mercado a como de lugar, sin respetar el marco regulatorio estatal, no es costumbre generalizada; por supuesto que existen empresarios cumplidores con la ley. Justamente, ellos son los primeros perjudicados por la competencia desleal que significa el contrabando, amén de la producción y el empleo nacionales.
Parte de la cultura rentista que anima a ciertos agentes económicos, es el no pago parcial o total de los tributos. El pago del monto exacto, de acuerdo con la Ley, de los aranceles (más IVA, ICE e IR) es condición sine qua non para una competencia leal y para abrir espacio en el mercado a la producción ecuatoriana, caso contrario, siempre será más barato y menos riesgoso dedicarse a inundar el mercado nacional con producción extranjera. Los importadores que cumplen con la ley y los productores nacionales deben ser quienes más apoyen las política y acciones orientadas a evitar el fraude tributario y aduanero. Como decía el recordado "J.J": Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad". Ahora, habría que decir: " Tengo que pagarle a la SENAE 10 centavitos... " (O)

“Diez centavitos... “

El conjunto de medidas económicas anunciadas por el Presidente Moreno genera 1.600 millones de dólares anuales para el fisco. De esta suma, 200 millones provendrían de la reforma tributaria (que lo recaudaría el SRI) y 1.400 millones se obtendrían en la SENAE. Esta última cifra se descompondría en: 500 millones por recuperación de los valores a los contrabandistas, 400 millones por la aplicación de incrementos arancelarios y otros 400 millones de dólares por el cobro de una tasa de "servicio y control" fijada en 10 centavos por unidad del bien o servicio importado.
Algunos voceros de los gremios que representan a las empresas grandes y medianas así como algunos dirigentes políticos de la oposición -que esperaban un paquetazo sin rasguñar al sector que representan, a no ser que sea para colmarles de beneficios e incentivos- han expresado su tenaz oposición a las las siguientes medidas: mantener el ISD, retornar a la tarifa del 25% de Impuesto a la Renta para contribuyentes medianos y grandes , incremento de aranceles (para 375 partidas) y el establecimiento de una tasa por servicio y control. Esta última medida es la que mayor disgusto está provocando a la oposición. En la práctica, los 10 centavitos, son los que generarían los 1.000 millones de dólares, puesto que es la medida emblemática para combatir el contrabando (que bordea los 2.000 millones de dólares, según ha indicado el principal de la SENAE). La primera reacción para oponerse se refirió al peligro inflacionario por el traslado de la tasa a los consumidores. Los datos sobre el impacto de la medida y las cifras históricas de las declaraciones aduaneras, pronto les dejó sin piso; pues, el 70% de las unidades físicas importadas, son declaradas a un costo menor a los 5 centavos; sólo el 6% tienen un costo por unidad mayor a 1 dólar. Los casos detectados son hondamente preocupantes. El valor al que se declaran zapatos, corbatas, focos, cepillos de dientes, etc., hacen presumir márgenes de utilidad escalofriantes, que son licuados con la creación de empresas fantasmas dedicadas a la emisión y venta de facturas ficticias. Cierto que, esta mala práctica dedicada desde siempre a practicar el libre mercado a como de lugar, sin respetar el marco regulatorio estatal, no es costumbre generalizada; por supuesto que existen empresarios cumplidores con la ley. Justamente, ellos son los primeros perjudicados por la competencia desleal que significa el contrabando, amén de la producción y el empleo nacionales.
Parte de la cultura rentista que anima a ciertos agentes económicos, es el no pago parcial o total de los tributos. El pago del monto exacto, de acuerdo con la Ley, de los aranceles (más IVA, ICE e IR) es condición sine qua non para una competencia leal y para abrir espacio en el mercado a la producción ecuatoriana, caso contrario, siempre será más barato y menos riesgoso dedicarse a inundar el mercado nacional con producción extranjera. Los importadores que cumplen con la ley y los productores nacionales deben ser quienes más apoyen las política y acciones orientadas a evitar el fraude tributario y aduanero. Como decía el recordado "J.J": Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad". Ahora, habría que decir: " Tengo que pagarle a la SENAE 10 centavitos... " (O)

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