Desafíos

Visto

Cinco años después de aprobada la ley que reconoce el matrimonio entre parejas homosexuales en Uruguay, el país cuenta con un acumulado de garantías y derechos para el colectivo LGBT, aunque los desafíos en el plano de la aceptación social aún persisten.
La aprobación del matrimonio igualitario, que colocó a Uruguay como el duodécimo país del mundo en permitir la unión civil entre personas del mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica -tres años después de que lo hizo Argentina-, marcó un antes y un después en la lucha por la garantía de derechos para esa población. Según lo explicó a Efe la presidenta de la organización LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) Ovejas Negras, Magdalena Bessonart, la ley aprobada en 2013 fue “un hito muy fundamental” para los derechos del colectivo.
“Lo que dejó claro fue que empezábamos a ser visibles y a tener como una fuerza de generar cierto respeto y reconocimiento de parte del Estado y del resto de la sociedad a personas que no somos heterosexuales”, puntualizó la activista.
“En realidad ya teníamos consagradas algunas leyes pero lo que permitió fue poner en la agenda pública, más que las otras leyes que se habían aprobado, la situación de desigualdad de las personas LGBT”, añadió. Bessonart resaltó que la norma implicó una ampliación de los derechos a nivel familiar, ya que en el marco del matrimonio se garantiza una mayor facilidad para la adopción y un reconocimiento de familias ya conformadas por parejas homosexuales. En la misma línea, el director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Graña, expresó que la ley consolidó un proceso que comenzó a fines de la última dictadura del país (1973-1985) con la creación de las primeras organizaciones LGBT. (O)
Bessonart garantizó que existe una dificultad en los organismos del Estado en el sentido de adaptarse a las nuevas normas.

Desafíos

Cinco años después de aprobada la ley que reconoce el matrimonio entre parejas homosexuales en Uruguay, el país cuenta con un acumulado de garantías y derechos para el colectivo LGBT, aunque los desafíos en el plano de la aceptación social aún persisten.
La aprobación del matrimonio igualitario, que colocó a Uruguay como el duodécimo país del mundo en permitir la unión civil entre personas del mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica -tres años después de que lo hizo Argentina-, marcó un antes y un después en la lucha por la garantía de derechos para esa población. Según lo explicó a Efe la presidenta de la organización LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) Ovejas Negras, Magdalena Bessonart, la ley aprobada en 2013 fue “un hito muy fundamental” para los derechos del colectivo.
“Lo que dejó claro fue que empezábamos a ser visibles y a tener como una fuerza de generar cierto respeto y reconocimiento de parte del Estado y del resto de la sociedad a personas que no somos heterosexuales”, puntualizó la activista.
“En realidad ya teníamos consagradas algunas leyes pero lo que permitió fue poner en la agenda pública, más que las otras leyes que se habían aprobado, la situación de desigualdad de las personas LGBT”, añadió. Bessonart resaltó que la norma implicó una ampliación de los derechos a nivel familiar, ya que en el marco del matrimonio se garantiza una mayor facilidad para la adopción y un reconocimiento de familias ya conformadas por parejas homosexuales. En la misma línea, el director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Graña, expresó que la ley consolidó un proceso que comenzó a fines de la última dictadura del país (1973-1985) con la creación de las primeras organizaciones LGBT. (O)
Bessonart garantizó que existe una dificultad en los organismos del Estado en el sentido de adaptarse a las nuevas normas.

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