De la elección de Prefecto Provincial

Ya durante la campaña electoral, la candidata a asambleísta por la Provincia de Loja incluyó en su programa la presentación de una reforma tendiente a que el Prefecto Provincial sea elegido exclusivamente por el electorado rural. Llegada a la Asamblea, casi inmediatamente, cumplió con su oferta: entregó el correspondiente texto al Presidente de la Asamblea. Días antes ya había anunciado que, para el logro de su objetivo, contaba con el apoyo del asambleísta José Serrano Salgado, y, luego de la revisión correspondiente por el CAL, el proyecto fue admitido para su trámite legal.
Indiscutiblemente, la tarea de los legisladores, valga la redundancia, es legislar; y, para ello, todos y cada uno de los 137 asambleístas, independientemente de si son nacionales, distritales o provinciales; sin importar de qué provincia procedan, de su pertenencia de género, su edad, sus creencias religiosas o políticas, e incluso, y también, como es obvio, de su formación académica, todos tienen la misma potestad para presentar proyectos de ley. Desde luego, siempre y cuando se enmarquen dentro de lo que la Constitución y las leyes de la República lo determinen.
Para no excederme en el espacio asignado en esta página editorial, desisto del análisis de los considerandos que sustente la proponente. Lo importante es razonar la admisibilidad de excluir a los electores urbanos del Registro Electoral. No soy abogado, tampoco me considero un jurisconsulto, sí un ciudadano lector atento de la Constitución y observador de la política nacional. El proyecto de ley presentado, a todas luces pretende dejar de lado el principio constitucional que garantiza el voto universal –Art.62, CAPÍTULO QUINTO, Derechos de Participación-. En el caso de la elección del Prefecto Provincial, involucra a todos los votantes inscritos en el padrón electoral de la provincia, que se encuentren en goce de sus derechos políticos.
Son tiempos de ‘diálogo’, de ‘escuchar al otro’, de ‘mesa servida’; ‘no debate’, ‘no confrontación’… En tal ambiente, preocupa que en aras de lograr estos objetivos se llegue a legislar al borde del prevaricato o bajo presiones politiqueras. Ya han marchado hacia la Asamblea comisiones de Prefectos a presentar su criterio, en tanto supuestos defensores de la asambleísta proponente amenazan con ‘bloquear’ el Palacio Legislativo, en caso de que no se aprobase la pretendida reforma. (O)

De la elección de Prefecto Provincial

Ya durante la campaña electoral, la candidata a asambleísta por la Provincia de Loja incluyó en su programa la presentación de una reforma tendiente a que el Prefecto Provincial sea elegido exclusivamente por el electorado rural. Llegada a la Asamblea, casi inmediatamente, cumplió con su oferta: entregó el correspondiente texto al Presidente de la Asamblea. Días antes ya había anunciado que, para el logro de su objetivo, contaba con el apoyo del asambleísta José Serrano Salgado, y, luego de la revisión correspondiente por el CAL, el proyecto fue admitido para su trámite legal.
Indiscutiblemente, la tarea de los legisladores, valga la redundancia, es legislar; y, para ello, todos y cada uno de los 137 asambleístas, independientemente de si son nacionales, distritales o provinciales; sin importar de qué provincia procedan, de su pertenencia de género, su edad, sus creencias religiosas o políticas, e incluso, y también, como es obvio, de su formación académica, todos tienen la misma potestad para presentar proyectos de ley. Desde luego, siempre y cuando se enmarquen dentro de lo que la Constitución y las leyes de la República lo determinen.
Para no excederme en el espacio asignado en esta página editorial, desisto del análisis de los considerandos que sustente la proponente. Lo importante es razonar la admisibilidad de excluir a los electores urbanos del Registro Electoral. No soy abogado, tampoco me considero un jurisconsulto, sí un ciudadano lector atento de la Constitución y observador de la política nacional. El proyecto de ley presentado, a todas luces pretende dejar de lado el principio constitucional que garantiza el voto universal –Art.62, CAPÍTULO QUINTO, Derechos de Participación-. En el caso de la elección del Prefecto Provincial, involucra a todos los votantes inscritos en el padrón electoral de la provincia, que se encuentren en goce de sus derechos políticos.
Son tiempos de ‘diálogo’, de ‘escuchar al otro’, de ‘mesa servida’; ‘no debate’, ‘no confrontación’… En tal ambiente, preocupa que en aras de lograr estos objetivos se llegue a legislar al borde del prevaricato o bajo presiones politiqueras. Ya han marchado hacia la Asamblea comisiones de Prefectos a presentar su criterio, en tanto supuestos defensores de la asambleísta proponente amenazan con ‘bloquear’ el Palacio Legislativo, en caso de que no se aprobase la pretendida reforma. (O)