CPCCS ¿Una contradicción?

Al calor de las enmiendas aprobadas por el pueblo ecuatoriano, el 04 de febrero de 2018, es necesario reflexionar sobre la naturaleza jurídica del llamado “Quinto Poder”, el que fue creado en el año 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente cuando intentaba dar salida a la crisis de representación, mirando a la democracia representativa como una forma inacabada de expresión de los ideales democráticos, situando a la democracia participativa como su complemento. De la corriente “participacionista” nació la idea de que necesariamente para fortalecer la participación ciudadana se debía construir un andamiaje institucional para sostenerla, reforzar su vigencia y plena aplicabilidad. Así, la participación ciudadana como eje transversal del texto constitucional, solo al tener una institucionalidad seria eficaz y pasaría del plano retorico, así es como nació el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte de la denominada Función de Transparencia y Control Social, junto a la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y las superintendencias. De esta forma nuestra Carta Magna señala: “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley”. Se infiere de esta forma que este órgano estatal tiene tres atribuciones principales: la primera la de impulsar el ejercicio de los derechos de participación, la segunda la de fomentar el control social y la tercera la de designar las altas autoridades del Estado.
La pregunta que todos nos hacemos seria: ¿Es posible tener un órgano del Estado que incentive la participación ciudadana? Al parecer la respuesta desde una visión clásica liberal es un no rotundo. No obstante, desde una visión menos tradicional y crítica el Estado debe dotar a los ciudadanos de mecanismos e instancias que sean garantía de los derechos constitucionales, en especial a los de participación. Instancias que pueden ser consultivas o decisorias, como los cabildos populares, asambleas, silla vacía y otras. Mecanismos como las veedurías ciudadanas permiten vigilar el cumplimiento de los planes de trabajo de las autoridades de lección popular. En definitiva, la participación sin institucionalidad sería una mera quimera, sin obviar que aún hay límites en la ingeniería constitucional que deberían ser corregidos para mejorar al CPCCS. Ese será el reto que se nos viene en miras de construir una sociedad más democrática y participativa. (O)

CPCCS ¿Una contradicción?

Al calor de las enmiendas aprobadas por el pueblo ecuatoriano, el 04 de febrero de 2018, es necesario reflexionar sobre la naturaleza jurídica del llamado “Quinto Poder”, el que fue creado en el año 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente cuando intentaba dar salida a la crisis de representación, mirando a la democracia representativa como una forma inacabada de expresión de los ideales democráticos, situando a la democracia participativa como su complemento. De la corriente “participacionista” nació la idea de que necesariamente para fortalecer la participación ciudadana se debía construir un andamiaje institucional para sostenerla, reforzar su vigencia y plena aplicabilidad. Así, la participación ciudadana como eje transversal del texto constitucional, solo al tener una institucionalidad seria eficaz y pasaría del plano retorico, así es como nació el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte de la denominada Función de Transparencia y Control Social, junto a la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y las superintendencias. De esta forma nuestra Carta Magna señala: “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley”. Se infiere de esta forma que este órgano estatal tiene tres atribuciones principales: la primera la de impulsar el ejercicio de los derechos de participación, la segunda la de fomentar el control social y la tercera la de designar las altas autoridades del Estado.
La pregunta que todos nos hacemos seria: ¿Es posible tener un órgano del Estado que incentive la participación ciudadana? Al parecer la respuesta desde una visión clásica liberal es un no rotundo. No obstante, desde una visión menos tradicional y crítica el Estado debe dotar a los ciudadanos de mecanismos e instancias que sean garantía de los derechos constitucionales, en especial a los de participación. Instancias que pueden ser consultivas o decisorias, como los cabildos populares, asambleas, silla vacía y otras. Mecanismos como las veedurías ciudadanas permiten vigilar el cumplimiento de los planes de trabajo de las autoridades de lección popular. En definitiva, la participación sin institucionalidad sería una mera quimera, sin obviar que aún hay límites en la ingeniería constitucional que deberían ser corregidos para mejorar al CPCCS. Ese será el reto que se nos viene en miras de construir una sociedad más democrática y participativa. (O)