Convencionalidad

Las innombrables sentencias expedidas por los tribunales de justicia en Cuenca sobre el matrimonio igualitario han generado resquemor en el mundo jurídico sobre la pobreza, tanto de su línea argumentativa, como de los exiguos argumentos que la alimentan.

No obstante, la pretensión de esta reflexión se centrará justamente en el desconocido “control de convencionalidad” -para los jueces- a tal punto que recurren a un diccionario para encontrar la naturaleza jurídica de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ¿Qué es el control de convencionalidad?

En el año 2006 la Corte Interamericana en pleno hizo referencia por primera vez al denominado control de convencionalidad.

En el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” el tribunal señaló entre lo principal: Que los jueces y tribunales, están sujetos al imperio de la ley, pero que cuando un Estado ha firmado y ratificado un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también se somete al igual que sus jueces a la misma, es decir, que los efectos de las disposiciones de la Convención no pueden ser aminorados por la aplicación de leyes contrarias a un objeto y fin, por ello estas últimas carecerían de efectos jurídicos. En síntesis, la Función Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que se van a aplicar a los casos concretos y la CADH.

Ahora bien, aunque la explicación está clara, existen múltiples paradojas y aporías sobre el control de convencionalidad, como la de la “imposición” de ciertos principios que no han sido adoptados mediante la soberanía popular, esta ultima un fundamento de la democracia y del constitucionalismo moderno.

Fuera de las discusiones sobre las diversas tensiones que implica la aplicación del control interno de convencionalidad, no se puede admitir que juezas y jueces “constitucionales” tengan tal desconocimiento, que al final podría conllevar la responsabilidad objetiva del Estado, y a su vez el ejercicio del derecho de repetición de ser condenado el Estado Ecuatoriano por la vulneración de un derecho consagrado en la CADH. De todas formas, resulta inadmisible tal error que al final implica un daño irreparable a los derechos humanos. (O)
Los efectos de las disposiciones de la CADH, no pueden ser aminorados por la aplicación de leyes contrarias a un objeto y fin.

Convencionalidad

Las innombrables sentencias expedidas por los tribunales de justicia en Cuenca sobre el matrimonio igualitario han generado resquemor en el mundo jurídico sobre la pobreza, tanto de su línea argumentativa, como de los exiguos argumentos que la alimentan.

No obstante, la pretensión de esta reflexión se centrará justamente en el desconocido “control de convencionalidad” -para los jueces- a tal punto que recurren a un diccionario para encontrar la naturaleza jurídica de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ¿Qué es el control de convencionalidad?

En el año 2006 la Corte Interamericana en pleno hizo referencia por primera vez al denominado control de convencionalidad.

En el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” el tribunal señaló entre lo principal: Que los jueces y tribunales, están sujetos al imperio de la ley, pero que cuando un Estado ha firmado y ratificado un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también se somete al igual que sus jueces a la misma, es decir, que los efectos de las disposiciones de la Convención no pueden ser aminorados por la aplicación de leyes contrarias a un objeto y fin, por ello estas últimas carecerían de efectos jurídicos. En síntesis, la Función Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que se van a aplicar a los casos concretos y la CADH.

Ahora bien, aunque la explicación está clara, existen múltiples paradojas y aporías sobre el control de convencionalidad, como la de la “imposición” de ciertos principios que no han sido adoptados mediante la soberanía popular, esta ultima un fundamento de la democracia y del constitucionalismo moderno.

Fuera de las discusiones sobre las diversas tensiones que implica la aplicación del control interno de convencionalidad, no se puede admitir que juezas y jueces “constitucionales” tengan tal desconocimiento, que al final podría conllevar la responsabilidad objetiva del Estado, y a su vez el ejercicio del derecho de repetición de ser condenado el Estado Ecuatoriano por la vulneración de un derecho consagrado en la CADH. De todas formas, resulta inadmisible tal error que al final implica un daño irreparable a los derechos humanos. (O)
Los efectos de las disposiciones de la CADH, no pueden ser aminorados por la aplicación de leyes contrarias a un objeto y fin.