¿Concesión?

Visto

Ante las fuertes barreras levantadas por los movimientos socia-les y algunas organizaciones políticas para impedir las privati-zaciones, el comentario frecuente -entre los privatizadores- se refería a que “Ecuador es un hueso duro de roer”. Durante las déca-das de los 80 y 90 y el primer quinquenio de la década anterior, las intenciones por deshacerse de lo más rentable del patrimonio estatal y social, fallaron una tras otra. Incluso, se convocó a consulta popular pretendiendo privatizar los fondos de la seguridad social. Ventajosa-mente, la mayoría dijo: NO. La Constitución de Montecristi, aproba-da plebiscitariamente, colocó un candado a la privatización, particu-larmente, de los sectores estratégicos, incluida la seguridad social. A pesar de las expresas prohibiciones constitucionales, los apetitos por hacerse de jugosos negocios estatales no se han deteni-do. Como la privatización no está permitida, se recu-rre a eufemismos. Ahora se habla de “monetización de los activos”, de “alianza pú-blico-privadas” o de “con-cesiones”. En el fondo lo que se trata es de transferir la rentabilidad a la inver-sión privada. Estos días se habla insistentemente de la concesión de la CNT y de las empresas eléctricas. Respecto a la CNT, hay que recordar el argot popular que sostiene que “el mejor negocio del mundo es una telefónica bien administra-da y el segundo mejor negocio es una telefónica mal administrada”. Este parece ser el caso de la CNT que, a pesar de las graves ineficien-cias, genera importantes utilidades. Al privatizarla, como propone un Consejero Presidencial, puede mejorar la eficiencia y por lo tanto las utilidades. Entonces, el concesionario habría hecho un gran negocio. No tengo datos como para afirmar si los 4.000 mil millones de dóla-res corresponden al valor presente de transferir los ingresos futuros de la CNT (por 20 años). No sabemos si quedarán o no pasivos labo-rales, si se mantendrán los contratos entre el sector público y CNT, si las tarifas serán revisadas (apostaría que sí), etc. Sí existe una alter-nativa óptima: una valoración técnica del CNT, como un negocio en marcha -que podría delegarse a las universidades- y entregar al IESS como parte de pago de la deuda que el Estado mantiene. El IESS, por su parte, estará obligado a contratar una administración privada. Esta alternativa garantiza que no se privaticen las utilidades y que se rentabilicen las reservas de los afiliados. Además, se evitaría que se consolide un oligopolio en el sector que podría acarrear a la colusión abusiva con todas sus consecuencias en perjuicio de los usuarios. (O)
La Constitución de Montecristi colocó un candado a la privatización: en los sectores estratégicos, incluye a la seguridad social.

¿Concesión?

Ante las fuertes barreras levantadas por los movimientos socia-les y algunas organizaciones políticas para impedir las privati-zaciones, el comentario frecuente -entre los privatizadores- se refería a que “Ecuador es un hueso duro de roer”. Durante las déca-das de los 80 y 90 y el primer quinquenio de la década anterior, las intenciones por deshacerse de lo más rentable del patrimonio estatal y social, fallaron una tras otra. Incluso, se convocó a consulta popular pretendiendo privatizar los fondos de la seguridad social. Ventajosa-mente, la mayoría dijo: NO. La Constitución de Montecristi, aproba-da plebiscitariamente, colocó un candado a la privatización, particu-larmente, de los sectores estratégicos, incluida la seguridad social. A pesar de las expresas prohibiciones constitucionales, los apetitos por hacerse de jugosos negocios estatales no se han deteni-do. Como la privatización no está permitida, se recu-rre a eufemismos. Ahora se habla de “monetización de los activos”, de “alianza pú-blico-privadas” o de “con-cesiones”. En el fondo lo que se trata es de transferir la rentabilidad a la inver-sión privada. Estos días se habla insistentemente de la concesión de la CNT y de las empresas eléctricas. Respecto a la CNT, hay que recordar el argot popular que sostiene que “el mejor negocio del mundo es una telefónica bien administra-da y el segundo mejor negocio es una telefónica mal administrada”. Este parece ser el caso de la CNT que, a pesar de las graves ineficien-cias, genera importantes utilidades. Al privatizarla, como propone un Consejero Presidencial, puede mejorar la eficiencia y por lo tanto las utilidades. Entonces, el concesionario habría hecho un gran negocio. No tengo datos como para afirmar si los 4.000 mil millones de dóla-res corresponden al valor presente de transferir los ingresos futuros de la CNT (por 20 años). No sabemos si quedarán o no pasivos labo-rales, si se mantendrán los contratos entre el sector público y CNT, si las tarifas serán revisadas (apostaría que sí), etc. Sí existe una alter-nativa óptima: una valoración técnica del CNT, como un negocio en marcha -que podría delegarse a las universidades- y entregar al IESS como parte de pago de la deuda que el Estado mantiene. El IESS, por su parte, estará obligado a contratar una administración privada. Esta alternativa garantiza que no se privaticen las utilidades y que se rentabilicen las reservas de los afiliados. Además, se evitaría que se consolide un oligopolio en el sector que podría acarrear a la colusión abusiva con todas sus consecuencias en perjuicio de los usuarios. (O)
La Constitución de Montecristi colocó un candado a la privatización: en los sectores estratégicos, incluye a la seguridad social.

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