Armas mortales

La Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU. otorga a la población el “derecho a portar armas”. Esa enmienda data de 1791, época en la que la ley del más fuerte era la regla. Luego de 228 años la Asociación Nacional del Rifle de ese país, con el visto bueno del actual gobierno estadounidense, sigue defendiendo esa enmienda. Desde hace una década los peores atentados en EE.UU. no han sido cometidos por un grupo terrorista extranjero, sino por estadounidenses con la capacidad de conseguir todo tipo de armamento. Más de cien asaltos a escuelas, colegios y otros lugares públicos en todo el país, con cientos de muertos, no impiden que ese país se aferre a su “derecho a portar armas”. Además, esta política estadounidense no solamente desangra a EE.UU., sino a toda América Latina y el Caribe. Más del 70% de las armas que usan los narcotraficantes en México provienen de EE.UU. Más de la mitad de las armas que usan las maras y otros grupos delincuenciales en Honduras, El Salvador y Guatemala, proviene de EE.UU. Esas armas alimentan la violencia en todo el continente.
Hay quienes creen en EE.UU. que con educar a la población sobre uso y custodia de las armas podrán resolver el problema. Sin embargo, es difícil educar a un joven perturbado, cuyo propósito es liquidar a quienes cree que son culpables de su desdicha. Lo propio pasa con los prestanombres que adquieren un arma, para entregarla luego a un traficante que la llevará a manos de delincuentes en Centroamérica.
También hay quienes creen que el gobierno no debe entrometerse en su “derecho a portar armas”, pero ese derecho debería terminar cuando empieza el derecho ajeno a vivir en un ambiente de paz y sin temor a que a cualquier persona se le vaya un tiro por accidente o intencionalmente. La Segunda Enmienda estadounidense representa billones de dólares a los fabricantes de armas de ese país y decenas de miles de muertos cada año en toda América Latina y el Caribe. En nombre de la libertad, EE.UU. pone cada año en el mercado negro cientos de miles de nuevas armas, a disposición de gente de toda laya.
El presidente Trump ha exigido esta semana a varios países latinoamericanos, que eviten que las drogas salgan hacia EE.ÑUU. Pero, las armas que usan los narcotraficantes son fabricadas por empresas estadounidenses. Entonces, EE.UU. debe dar el ejemplo y evitar que sus armas lleguen a nuestros países. (O)
El “derecho a portar armas” en EEUU enriquece a las empresas de ese país que las fabrican, pero desangra a toda América Latina.

Armas mortales

La Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU. otorga a la población el “derecho a portar armas”. Esa enmienda data de 1791, época en la que la ley del más fuerte era la regla. Luego de 228 años la Asociación Nacional del Rifle de ese país, con el visto bueno del actual gobierno estadounidense, sigue defendiendo esa enmienda. Desde hace una década los peores atentados en EE.UU. no han sido cometidos por un grupo terrorista extranjero, sino por estadounidenses con la capacidad de conseguir todo tipo de armamento. Más de cien asaltos a escuelas, colegios y otros lugares públicos en todo el país, con cientos de muertos, no impiden que ese país se aferre a su “derecho a portar armas”. Además, esta política estadounidense no solamente desangra a EE.UU., sino a toda América Latina y el Caribe. Más del 70% de las armas que usan los narcotraficantes en México provienen de EE.UU. Más de la mitad de las armas que usan las maras y otros grupos delincuenciales en Honduras, El Salvador y Guatemala, proviene de EE.UU. Esas armas alimentan la violencia en todo el continente.
Hay quienes creen en EE.UU. que con educar a la población sobre uso y custodia de las armas podrán resolver el problema. Sin embargo, es difícil educar a un joven perturbado, cuyo propósito es liquidar a quienes cree que son culpables de su desdicha. Lo propio pasa con los prestanombres que adquieren un arma, para entregarla luego a un traficante que la llevará a manos de delincuentes en Centroamérica.
También hay quienes creen que el gobierno no debe entrometerse en su “derecho a portar armas”, pero ese derecho debería terminar cuando empieza el derecho ajeno a vivir en un ambiente de paz y sin temor a que a cualquier persona se le vaya un tiro por accidente o intencionalmente. La Segunda Enmienda estadounidense representa billones de dólares a los fabricantes de armas de ese país y decenas de miles de muertos cada año en toda América Latina y el Caribe. En nombre de la libertad, EE.UU. pone cada año en el mercado negro cientos de miles de nuevas armas, a disposición de gente de toda laya.
El presidente Trump ha exigido esta semana a varios países latinoamericanos, que eviten que las drogas salgan hacia EE.ÑUU. Pero, las armas que usan los narcotraficantes son fabricadas por empresas estadounidenses. Entonces, EE.UU. debe dar el ejemplo y evitar que sus armas lleguen a nuestros países. (O)
El “derecho a portar armas” en EEUU enriquece a las empresas de ese país que las fabrican, pero desangra a toda América Latina.