Algo anda mal en nuestro país en lo referente a la defensa de los derechos de la mujer, cuando se trata de la despenalización del aborto. Tema que por los apasionados debates que han surgido en el seno de la Asamblea Nacional al considerarse el nuevo proyecto de Código Penal, no solo es que se ha tornado uno de los más polémicos de la actualidad, sino que -además- en ocasiones se están utilizando argumentos necios y engañosos, propios de siglos atrás o de remotas tribus de muy pobre nivel de civilización actual.
¿Es que alguien cree aún que la existente sanción de privación de libertad para la mujer que acude al aborto la detiene de acudir a esta angustiosa medida por temor a ser encarcelada? Las cifras dicen lo contrario. Y mientras en las naciones de mayor avanzada en los conceptos sociales, incluyendo nuestros hermanos de América Latina, ya se ha despenalizado el aborto, nosotros pasamos el tiempo en discusiones estériles.
Lo cierto es que cuando un óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide y se inicia el proceso del embarazo de la mujer con todas sus implicaciones, para nuestras leyes, y por supuesto para nuestros legisladores, toda la culpa y las consecuencias deben recaer en la mujer, cualquiera sea su edad y sus circunstancias. Y allá ella cómo resuelva su situación. No importa que la maternidad vaya a cambiar su vida y sus proyectos, no interesa si ella ha sido violada por un grupo de delincuentes, ni tampoco les preocupa que el niño venga con taras extremas, insalvables, como un total deterioro cerebral, ni si la situación económica de la mujer se asimila a la pobreza extrema. Nada interesa. Ni siquiera la posibilidad de que mañana aquel niño sea abandonado en un basural, o vaya a engrosar las filas de los menores pordioseros o delincuentes.
Todos sabemos, además, que aunque la futura madre tenga el propósito de permitir el nacimiento de su hijo y hacerse cargo de él, mientras tan solo sea un óvulo fecundado o un feto, el no nacido es nada más que una mera expectativa, una mera posibilidad sujeta a lo que podría suceder con su existencia en cualquier momento y de la manera más natural. Sabemos también que mientras se encuentra en el seno materno, ese embrión y más adelante, aquel feto, no constituye una persona, pues, de acuerdo a nuestras leyes, solo adquiere tal calidad después de nacido y de que haya sido completamente separado de su madre.
Mientras tanto, esa vida humana en formación es vida independiente de la materna, con derechos iguales y diferentes de los de ella, lo que deviene en un conflicto de intereses, por lo que es obligación del Estado definir de la manera más justa cuál deberá ser el camino a seguir en cada caso. Si atender en primer lugar los derechos de la progenitora, que ya es persona, que ya venía existiendo desde tiempo atrás, o proteger y tutelar los derechos de aquel ente en formación, de quien aún no se tiene seguridad de que existirá fuera del vientre de la madre.
Y vayamos a las estadísticas, que son muy elocuentes. A diferencia del Ecuador, donde el aborto es considerado un delito y es sancionado como tal, y donde el 18% de las muertes de mujeres es causado por la condición de abortos clandestinos realizados en condiciones inadecuadas, lo que significa que por cada 100.000 abortos que ocurren anualmente en nuestro país hay 330 muertes femeninas, tales cifras son muy superiores al 0,1 y 0,2% de tasa de mortalidad existente en las naciones que sí tienen legalizado el aborto. Estos datos han sido proporcionados por la Organización Mundial de la Salud.
Además, la encuesta sobre hábitos sexuales realizada por la empresa Tendencias Digitales para el Grupo de Diarios de América (GDA), señala que el 32,6% de las mujeres ecuatorianas ha experimentado algún aborto. Estos resultados convierten al país en la nación con más abortos entre 11 de Latinoamérica, seguido por México, Puerto Rico y Perú, ubicando a Costa Rica en el lugar con menores abortos. En los grupos encuestados se encuentran mujeres de diferentes edades y de los más diversos estratos económicos y sociales.
Es tal el convencimiento de un sector de las ecuatorianas de que en circunstancias desesperadas deben acudir al aborto, que aquellas de escasos recursos se arriesgan a un peligro de muerte por acudir a lugares peligrosos que no observan las condiciones adecuadas de profesionalismo. Mientras que las mujeres pertenecientes a estratos superiores o medios se salvan de la muerte seleccionando un mejor centro médico que asegure en algo su vida y su salud.
