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Tras doce horas de audiencia de formulación de cargos en contra de los 33 sospechosos de negociar cargos en instituciones del Estado, 29 quedaron con prisión preventiva y cuatro con medidas sustitutivas.
Así lo confirmó César Suárez, fiscal encargado de la investigación, al salir de la diligencia realizada en la Unidad Judicial ubicada en la 29 y Portete, en el suburbio de Guayaquil.
Sin embargo, en el Twitter de la Fiscalía General del Estado (FGE) consta que fueron seis personas a las que no se les dictó prisión.
Entre los procesados por el delito de asociación ilícita está José Carlos Tuárez Zambrano, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y otros exfuncionarios de Educación, Salud, Aduanas, entre otros.
La diligencia empezó a las 23:00 del jueves 28 de noviembre y culminó a las 11:00 de este viernes 29 de noviembre de 2019.
El caso empezó en agosto por la denuncia Eduardo Cedeño, quien dijo que le habían ofrecido un puesto de trabajo a cambio de una alta suma de dinero, pero no se cumplió.
Teresa Rivas, abogada de Tuárez, manifestó que entre su defendido y el denunciante no hay ningún vínculo. "Ya va a salir a luz el nombre del activista político que está detrás de todo esto.
Esto es una persecución política y están inmersos altos funcionarios". Añadió que en la audiencia no fueron presentados elementos como dinero o supuestos audios entre los implicados. (I)
Tras doce horas de audiencia de formulación de cargos en contra de los 33 sospechosos de negociar cargos en instituciones del Estado, 29 quedaron con prisión preventiva y cuatro con medidas sustitutivas.
Así lo confirmó César Suárez, fiscal encargado de la investigación, al salir de la diligencia realizada en la Unidad Judicial ubicada en la 29 y Portete, en el suburbio de Guayaquil.
Sin embargo, en el Twitter de la Fiscalía General del Estado (FGE) consta que fueron seis personas a las que no se les dictó prisión.
Entre los procesados por el delito de asociación ilícita está José Carlos Tuárez Zambrano, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y otros exfuncionarios de Educación, Salud, Aduanas, entre otros.
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El caso empezó en agosto por la denuncia Eduardo Cedeño, quien dijo que le habían ofrecido un puesto de trabajo a cambio de una alta suma de dinero, pero no se cumplió.
Teresa Rivas, abogada de Tuárez, manifestó que entre su defendido y el denunciante no hay ningún vínculo. "Ya va a salir a luz el nombre del activista político que está detrás de todo esto.
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