Moreno refuerza diálogo nacional

El Gobierno abrió el espacio para concretar políticas efectivas que impulsen un modelo de gobernabilidad.
FOTO: El Telégrafo

El Gobierno abrió un espacio para concretar políticas que impulsen un modelo de gobernabilidad y cumplimiento de organismos de control y del sector judicial.

En junio de 2017,  el presidente Lenín Moreno convocó a un gran diálogo nacional cuya primera etapa se efectuó con la firma del Decreto 49, para que los organismos del Estado promuevan la participación ciudadana.


Así, alrededor de 30.000 personas de 6.700 organizaciones sociales (de todas las tendencias políticas) elaboraron 4.400 propuestas. De allí se desprendió una segunda fase que implementó seis mesas de diálogo referidas a gobernabilidad e institucionalidad; educación; seguridad ciudadana y lucha contra las drogas; cambio climático; seguridad social y competitividad y empleo.


Según el vicepresidente Otto Sonnenholzner, estos objetivos establecerán un futuro en la misma ruta, independientemente de quién gobierne el país, pues son “metas sin tintes ideológicos o populistas”.


El analista político Germán Rodas cree un punto fundamental fue la función que cumplió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, CPCCS-T, de la mano de Julio César Trujillo.


Rodas considera que esta institución logró un cambio de autoridades de las principales funciones del Estado, como Consejo de la Judicatura, Contraloría y Fiscalía.
La asambleísta Ana Belén Marín (PAIS) comparte el criterio y siente que la designación de nuevas autoridades “es la principal rectificación en estos dos años”.


Sin embargo, para el analista Rodas, los acuerdos deben construirse para que en el futuro, en los próximos tres o cuatro años, se produzcan cambios en la Constitución. Incluso, el experto apunta a modificaciones en la “conformación de las características sobre la representación parlamentaria”.


No obstante, estima que todo acuerdo debe enfocarse hacia la lucha contra la corrupción. Pero cree que a instituciones como la Asamblea aún le faltan acciones en esa línea, así como al Consejo de la Judicatura, que debe dar paso al proceso de auditoría y evaluación de los jueces.


De su parte, Marín estima que la Asamblea debe cumplir con su rol fiscalizador y de control de los actores para que realicen a cabalidad sus competencias.
Las conclusiones de los diálogos se traducirán en propuestas concretas, sistematizadas en políticas de Estado, reformas legales e incluso que se podrían concretar en una consulta popular. (I)

Moreno refuerza diálogo nacional

El Gobierno abrió el espacio para concretar políticas efectivas que impulsen un modelo de gobernabilidad.
FOTO: El Telégrafo

El Gobierno abrió un espacio para concretar políticas que impulsen un modelo de gobernabilidad y cumplimiento de organismos de control y del sector judicial.

En junio de 2017,  el presidente Lenín Moreno convocó a un gran diálogo nacional cuya primera etapa se efectuó con la firma del Decreto 49, para que los organismos del Estado promuevan la participación ciudadana.


Así, alrededor de 30.000 personas de 6.700 organizaciones sociales (de todas las tendencias políticas) elaboraron 4.400 propuestas. De allí se desprendió una segunda fase que implementó seis mesas de diálogo referidas a gobernabilidad e institucionalidad; educación; seguridad ciudadana y lucha contra las drogas; cambio climático; seguridad social y competitividad y empleo.


Según el vicepresidente Otto Sonnenholzner, estos objetivos establecerán un futuro en la misma ruta, independientemente de quién gobierne el país, pues son “metas sin tintes ideológicos o populistas”.


El analista político Germán Rodas cree un punto fundamental fue la función que cumplió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, CPCCS-T, de la mano de Julio César Trujillo.


Rodas considera que esta institución logró un cambio de autoridades de las principales funciones del Estado, como Consejo de la Judicatura, Contraloría y Fiscalía.
La asambleísta Ana Belén Marín (PAIS) comparte el criterio y siente que la designación de nuevas autoridades “es la principal rectificación en estos dos años”.


Sin embargo, para el analista Rodas, los acuerdos deben construirse para que en el futuro, en los próximos tres o cuatro años, se produzcan cambios en la Constitución. Incluso, el experto apunta a modificaciones en la “conformación de las características sobre la representación parlamentaria”.


No obstante, estima que todo acuerdo debe enfocarse hacia la lucha contra la corrupción. Pero cree que a instituciones como la Asamblea aún le faltan acciones en esa línea, así como al Consejo de la Judicatura, que debe dar paso al proceso de auditoría y evaluación de los jueces.


De su parte, Marín estima que la Asamblea debe cumplir con su rol fiscalizador y de control de los actores para que realicen a cabalidad sus competencias.
Las conclusiones de los diálogos se traducirán en propuestas concretas, sistematizadas en políticas de Estado, reformas legales e incluso que se podrían concretar en una consulta popular. (I)