Trabajadores y personal docente de la Universidad Pérez Guerrero retomaron sus actividades, luego de cuatro días de paralizadas en el centro, como protesta por la gestión del administrador temporal, Gabriel Galarza. Los empleados reclamaban porque  los suministros de agua, luz y teléfono fueron cortados en las instalaciones por falta de pago.

Como respuesta, el Consejo de Educación Superior (CES) canceló las planillas de servicios básicos, utilizando los fondos del Plan de Contingencia, para que se pueda continuar con el trabajo de entrega de récords académicos a los estudiantes, aseguró Germán Rojas, miembro del CES.

Rojas explicó que mediante un diálogo con el consejo del CES y los empleados se llegó a un acuerdo para que    continúen con los trabajos  que realizan  desde que se asignó la administración temporal. “Conversando con ellos les hicimos ver que estamos del mismo lado”.

El funcionario del CES señaló que este problema está relacionado con “dos grandes inconvenientes” que han encontrado en otros centros, durante la intervención   en las 14 universidades hoy cerradas.

El primero es de tipo económico, ya que no existen los recursos con los que el CES esperaba contar para liquidar a los trabajadores. De acuerdo con la información proporcionada por los administradores temporales, algunas de las cuentas de las universidades se encuentran vacías y en otros casos están sobregiradas.

En la Universidad Cristiana Latinoamericana hay un retraso en el pago de salarios  desde noviembre de 2011. A eso se suman las deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Para Rojas, esta situación resulta preocupante ya que “es necesario liquidar a los funcionarios que ya van a  terminar la relación laboral y no hay los fondos suficientes para dichas liquidaciones, puesto que se pretende pagar con los recursos de las universidades”.

Sin embargo, Rojas explicó que algunas universidades no tienen recursos. Incluso, los inmuebles no formaban parte del patrimonio de la universidad, como lo establece la ley.

Los edificios de la Universidad Autónoma de Quito, por ejemplo,  están a nombre del rector Vicente Rojas Alvear, quien alquilaba los edificios por 76.000 dólares mensuales. “Él decía que tenía un sueldo modesto como rector, pero claro si percibía eso por la universidad”, soltó Rojas. 

La Universidad Pérez Guerrero tampoco cuenta con  recursos. Las instalaciones de la institución eran arrendadas y  los empleados aún no reciben su sueldo.

El segundo problema es de tipo académico. Algunos estudiantes manifiestan que todavía no cuentan con las facilidades para sus récords.

De 38.544 personas que se registraron en  el Plan de Contingencia, solo 12.742 estudiantes han podido retirarlo. Rojas indicó que en esta información también hay irregularidades.

“Las autoridades anteriores han dado información equivocada. Por eso nuestros administradores se han encargado de contrastar la que proporcionan los estudiantes con la que entregan las universidades. Hasta que no se verifiquen los datos no se les entregarán los récords, porque lo que queremos es dar información al día”.