A 10 días de la inauguración del sistema de iluminación del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, de Sociedad Deportiva Aucas, ubicado al sur de Quito, concejales de Alianza PAIS (AP) e independientes tienen dudas sobre la legalidad del convenio firmado entre la Alcaldía y la dirigencia del equipo capitalino.

Jorge Albán (AP) y Sergio Garnica (I) afirman que han pedido al alcalde Mauricio Rodas la documentación sobre el proceso que llevó a la firma del acuerdo en el que interviene la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).

Ambos ediles coinciden en que se entregó al club deportivo recursos públicos. Esto a pesar de que el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) indica que las entidades del sector público no pueden hacer donaciones al sector privado.

La construcción de la obra empezó en noviembre de 2015, con una inversión de $ 1,9 millones. El Alcalde anunció aquel día, que el Consorcio Esacero Eindose Master Light debía entregar el sistema de iluminación en 90 días (3 meses); sin embargo, pasaron 7 meses para que ‘la caldera del sur’ contara con este. Según Albán, “el Concejo Municipal no autorizó la inversión de los $ 1,9 millones. Existe un vacío legal. De ser así, deberán intervenir otras instancias como fiscalización o Contraloría General del Estado para estudiar el caso”.

En el presupuesto para 2016 consta el rubro para la iluminación del estadio del Aucas. Albán expresa que a pesar de ello, se debió cumplir con el procedimiento legal correspondiente. “El que conste en el presupuesto no significa de plano una autorización”, aseveró.

Por su parte, Garnica afirmó que está en camino de solicitar un examen especial a Contraloría, con el fin de que se aclare cualquier duda sobre la legalidad en la inversión de fondos municipales.

“Se debe analizar el tema, pues no deben existir dudas entre la validez o no de la resolución tomada por la EPMMOP para dotar de luminarias al estadio. Espero que el mismo Alcalde tenga la iniciativa de realizar un examen de auditoría (...) Nuestra principal preocupación es conocer si el convenio goza de legalidad y constitucionalidad”, aseguró.

Los ediles interpretan el argumento del ejecutivo capitalino para no buscar la aprobación del Concejo. Señalan que al ser las empresas municipales autónomas, al parecer se utilizó esa figura legal para no presentar el convenio y obtener la aprobación del legislativo.

Para el analista político Felipe Buendía, la falta de experiencia del alcalde Rodas le hizo incurrir en errores administrativos que, posiblemente, podrían generarle inconvenientes.

Insiste en que el artículo 104 de la COPFP establece la prohibición a los organismos públicos de realizar donaciones por cualquier concepto, aunque establece la posibilidad de entregarlas sin ánimo de lucro únicamente para temas de investigación académica o de salud.

Entre las condiciones que establece el código para que se produzca la entrega de recursos por parte de los cabildos está que exista la autorización respectiva del Concejo.(I)