Su abogado Hernán Ulloa lo esperaba en el pasillo de ingreso a la Fiscalía. También otros dos jurisconsultos que fueron destituidos de sus cargos: Madeleine Pinargote, de Guayaquil, y Fabián Jaramillo, de Ibarra. Ellos son parte de los 280 jueces despedidos durante la década del autodenominado Gobierno de la Revolución Ciudadana.

Esteban Bernal, asambleísta de CREO por Azuay, llegó al Ministerio Público y fue “atrapado” por los micrófonos y las cámaras de televisión.

Él presentó un pedido, de 500 hojas, con pruebas documentales y testimoniales, para investigar al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Bernal lo acusa de tráfico de influencias durante el gobierno de Rafael Correa y citó un ejemplo, el más contundente: el exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera, envió una carta a los jueces del contencioso administrativo de Portoviejo y  les amenazó: “si sentencian en contra del Estado serán sancionados por el Consejo de la Judicatura”, dijo Bernal.

Mientras él daba declaraciones, un hombre gritaba casi a su lado: “los políticos solo hacen show”.

Pero el asambleísta seguía explicando la injerencia en la justicia y “la presión en las sentencias que fueron un secreto a voces”, recalcó rodeado de su abogado y dos colegas de bancada: Byron Suquilanda, de la circunscripción de Estados Unidos, Canadá y América Latina,  y Roberto Gómez,  coordinador del bloque de CREO.

En ese momento y detrás de ellos los familiares de los policías sentenciados por el  caso 30-Septiembre mostraron una tela que decía: “Señor presidente Lenín Moreno queremos ser escuchados”.

Bernal terminó su exposición y caminó hacia el interior de la Fiscalía, seguido por la prensa. Pero solo lo dejaron pasar a él y a su abogado. A su salida mostró el documento con la firma de recibido y anunció que presentará un segundo pedido de juicio político contra Jalkh. El primero fue desechado en la Asamblea, en septiembre del año anterior. (I)

Carla Maldonado
Editora del fin de semana