El secretario nacional de Comunicación (Secom), Andrés Michelena, contestó algunas interrogantes de EL TELÉGRAFO sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada por el Legislativo el pasado 18 de diciembre.

La Asamblea aprobó las reformas a la Ley de Comunicación. Los gremios sostienen que no es necesaria y que debía derogarse.

¿Qué opina sobre esto?
No podemos prescindir de la Ley de Comunicación porque su existencia se ampara en un mandato constitucional y es una herramienta que garantiza derechos ciudadanos, como dictan los estándares internacionales.

En la votación se incluyó una disposición sobre la renovación de frecuencias, que permite, por esta única vez, la renovación automática de frecuencias de radio y televisión en un plazo de 60 días. ¿Cedieron al pedido de los medios para que reconozcan su trabajo de años en radios o en canales de televisión?
La transitoria 8 será vetada por el Ejecutivo. Desde el Gobierno, todo lo relacionado con el tema de frecuencias se hará bajo el respeto absoluto a derechos y no respondiendo a coyunturas políticas. La asignación de espacios en el espectro radioeléctrico debe ampararse en la Constitución de la República, la cual establece con claridad que se deben crear mecanismos transparentes y en igualdad de condiciones para este proceso.

Como Gobierno, hemos manifestado nuestro compromiso por combatir la concentración de frecuencias y respetar lo estipulado en la Carta Magna. Hay 506 frecuencias que han quedado en el aire y deben entrar en un proceso de asignación; 277 que deben ser revisadas una a una, como indica el informe de Contraloría.

También concesiones que deben ser renovadas de acuerdo a la normativa vigente antes del 25 de junio de 2013. El objetivo del Gobierno es que los cuerpos legales correspondientes cumplan con los estándares internacionales. Por esto, el veto parcial a la reforma se entregará al Legislativo, antes de los 30 días que determina la ley.

Según usted, ¿cuáles son los logros más grandes de las reformas?
Desmontar una estructura perversa de persecución es uno de los logros más destacables. Esto significa un gran avance para la democracia del país. Ahora queremos dar vida a una efectiva Ley de Comunicación que, a diferencia de la aprobada en 2013, no silencie a nadie y se ajuste a estándares internacionales, relacionados con el contraste, verificación y contextualización.

Otro de los logros es eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) que realizaba un monitoreo direccionado y arbitrario a los contenidos de la prensa.

La normativa eliminó el régimen sancionatorio que estaba en la Ley de Comunicación original. ¿Esto es suficiente para garantizar la libertad de expresión en el país?
El Gobierno tiene un compromiso muy serio con la libertad de expresión y estamos en un momento clave de la historia nacional para romper con lo ocurrido en la década anterior. Eliminar el régimen sancionatorio y de persecución ha sido un paso muy importante.

La normativa reformada ya no persigue a periodistas por hacer su trabajo o a ciudadanos por expresarse. Al contrario, la propuesta refleja el compromiso del Gobierno por generar las garantías legales para que cualquier persona participe y ejerza este derecho con responsabilidad.

Muestra de ello es el indulto concedido por el presidente Moreno a la estudiante Sara Velasteguí, quien fue juzgada por hacer públicos los actos de corrupción que se estarían cometiendo en la Universidad Técnica de Ambato.  

La comunicación será un derecho y no un servicio público, como se estableció en la legislación anterior. Pero en términos prácticos... ¿qué beneficio se obtiene de ello?
Nosotros ubicamos nuevamente a la comunicación como un derecho, pues cualquier persona tiene la oportunidad de hacer escuchar su voz y expresarse libremente a través de diferentes medios, sin temor a represalias u hostigamiento por pensar distinto. Como lo dijo el Presidente de la República al inicio de su mandato, las críticas son asesoría gratuita para los mandatarios.

Se eliminaron además el linchamiento mediático y los códigos deontológicos. ¿Pero algunos sectores señalan que ambos eran mecanismos para defender a los ciudadanos en caso de la vulneración de sus derechos por parte de los medios de comunicación?
Presentamos unas propuestas de reforma a esta ley, elaboradas con la colaboración y sugerencias de muchos actores vinculados a la comunicación en todo el país, precisamente porque queremos que se utilicen los mecanismos legales ya existentes para que haya una mejor protección.

Lamentablemente el “linchamiento mediático” se utilizó como un mecanismo de amenaza para limitar el periodismo de investigación, principalmente ligado a casos de corrupción. Por este motivo, la ley también servía como mordaza y como instrumento de persecución a medios y periodistas.

Recordemos que el Gobierno anterior quería imponer contenidos informativos a los medios en lugar de denunciar los excesos y la prepotencia del poder. La Defensoría del Pueblo tiene como atribución constitucional emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos.

¿Estos cambios son técnicos o políticos?
Estos cambios son técnicos y deben estar apegados a las necesidades de la ciudadanía. En el caso del Gobierno, presentamos una propuesta de reforma a la LOC con la amplia participación de la sociedad: periodistas, academia, propietarios de medios de comunicación, trabajadores, gremios relacionados a la comunicación, todos ellos participaron en una gran movilización ante los requerimientos de reformas. Su apoyo es inestimable. Al proyecto aprobado por la Asamblea, lo vamos a mejorar siguiendo las recomendaciones de estándares internacionales. (I)