El proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal provoca debate. Es un proyecto importante y se enmarca en contenidos básicos de la Constitución de Montecristi, aprobada en referéndum por el 70% de la población, que establece un sistema económico social solidario que debe ser observado a plenitud; consolida un Estado regulador, productor y responsable del manejo de los sectores estratégicos y servicios básicos y busca el objetivo de redistribución de la riqueza; también define que el ser humano y el trabajo están sobre el capital.
Conceptos contrarios a lo que algunos sectores proclaman a viva voz, inspirados en el viejo modelo neoliberal, que posibilita mayor concentración del ingreso, en base a la explotación de la fuerza laboral y entrega de nuestras riquezas a las transnacionales. Insisten en alentarlo y recuperarlo; afirmando que es necesario un cambio integral del modelo, con base en que la empresa privada y el mercado son lo fundamental.
Bien hizo el Gobierno en formular el proyecto, recordando tales normas constitucionales; así como la obligatoriedad de planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de la riqueza, para acceder al buen vivir (Art. 3, numeral 5).
Igual el Art. 261 (5) que establece que el Estado central tiene competencia exclusiva sobre las políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento. Siendo así, ninguna ley puede contrariarlos. Hay que legislar para que el sistema social solidario tenga una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y mercado, garantizando la producción y empleo para el Buen Vivir; proporcionar recursos al Estado, estimular la inversión, el ahorro, el empleo y redistribución del ingreso, contribuir a la estabilidad económica y preservar el medio ambiente.
El gran acuerdo debe ser para avanzar, no para consolidar privilegios de unos pocos, a costa de todos, con exoneraciones, devolución de impuestos; estímulos y remisión indiscriminada y sin límites, como es la pretensión de sectores ortodoxos, opuestos a que el Estado recupere los dineros robados, no solo en los últimos años sino en todos los tiempos, incluidos la evasión, elusión fiscal, estatización de la deuda privada (sucretización), atraco y salvataje bancarios. (O)
