La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a casi un año de haber asumido su segundo mandato, busca redefinir su gobierno en medio de un aumento de su fuerza en la batalla contra el juicio político que le abrió el 2 de diciembre pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, líder opositor que está contra las cuerdas por decenas de casos de corrupción. La victoria de Rousseff fue en el campo jurídico, con el Supremo Tribunal Federal fallando a su favor y contra Cunha al suspender la comisión de juicio político que la oposición había instalado en la Cámara de Diputados, pero también en el político: el miércoles pasado cientos de miles de personas ganaron las calles para defender la democracia y rechazar el golpe de la derecha.

“Marchamos por la democracia y en defensa de los derechos sociales, como las leyes laborales que desean quitar los que quieren el golpismo”, dijo el titular de la Central Única de Trabajadores, Vagner Freitas. Reforzada por la Corte, que le está cortando alas al sector más golpista de la oposición que controla la Cámara de Diputados, la presidenta aceptó la salida de su polémico ministro de Economía, Joaquim Levy, un ortodoxo que venía respaldado por el mercado financiero que llevó adelante un ajuste que quedó trunco por falta de diálogo con el Poder Legislativo. La economía está en recesión, se espera una caída en torno al 3% en el PIB 2015 y se perdieron casi 1.000 puestos de trabajo por el embate de la crisis mundial, pero también por la doméstica. 

En su lugar entra Nelson Barbosa, ministro de Planificación, con pasado por la banca pública y una visión de un Estado más intervencionista en la economía que Levy. La salida de Levy es interpretada como un regreso al “desarrollismo” económico que pregona la mandataria, economista de formación, y un guiño al Partido de los Trabajadores (PT) y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reclamaban el incentivo del consumo interno en lugar de esperar que la macroeconomía atrajera la inversión y aumentara el flujo de capital.

Su perfil de hombre del mercado financiero no impidió que las agencias Moody’s y Fitch rebajaran la nota de buen pagador de Brasil, mientras el gobierno buscaba aplicar impuestos al sector financiero para aumentar la recaudación en 2016, tema resistido por la Federación de Industrias de Sao Paulo, que el lunes pasado apoyó el proceso de destitución, tal vez tan a destiempo como dejar trascender que la vecina Argentina “es el nuevo ejemplo” regional con la victoria del liberal de derechas Mauricio Macri, que visitó la sede de la entidad industrial. “Dilma tomó decisiones que todos los países han tomado, es decir, hacer ajustes frente a la fenomenal crisis internacional que viene desde 2008.

El modelo que había se agotó, se agotaron los subsidios a la industria, y el país pasó por un ajuste. La crisis puede ser un reposicionamiento de Brasil para hacer reformas y tomar medidas de mayor eficacia”, dijo a EL TELÉGRAFO, en el marco de una charla con corresponsales extranjeros, el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva. Con popularidad baja al nivel del 9% en noviembre, Rousseff se hizo justamente fuerte desde que Cunha lanzó su juicio político por venganza, debido a que el PT apoyó la destitución del parlamentario por falta de decoro. Cunha es del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Michel Temer.

Cunha es opositor y ha plantado una agenda de derechas que abrazaron los grupos callejeros que piden el regreso de la dictadura militar y hasta el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del derrotado candidato presidencial Aecio Neves, socio del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). El PSDB es el autor del pedido de juicio político por irresponsabilidad fiscal en el presupuesto 2015 que aceptó Cunha.

“No es golpe”, se apuró a decir Cardoso. Sin embargo, la corte suprema, el jueves, determinó que todo el procedimiento apoyado por Cunha y el PSDB y el ultraderechista Demócratas debe ser anulado. Y lo más importante: que el Senado, donde hay una mayor cohesión oficialista, es el que debe ratificar o no el juicio político en caso de que lo aprueben dos tercios de la Cámara de Diputados. El gobierno confía en tener 171 votos en la cámara baja para dar por muerto el ‘impeachment’ e iniciar el nuevo rumbo del gobierno.

En ese marco, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió la quita de los fueros de Cunha para que pueda ser detenido por corrupción en el escándalo de corrupción en Petrobras, adonde el PMDB es el principal foco de investigación. La tesis de los principales medios de que la corrupción en la petrolera comenzó con la llegada de Lula al poder, en 2003, fue derribada esta semana, también, con la investigación que indica sobrefacturación de contratos en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Esta semana la policía hizo allanamientos en las casas de Cunha y de dos ministros del PMDB. Según el ministro Edinho Silva, el PMDB es fundamental para la gobernabilidad. Silva advirtió, sin embargo, que “no existe en Brasil un líder más preparado que Dilma para sacar al país de las dificultades. Y tenemos que estar preocupados porque están buscando abrir en la historia de Brasil un precedente para romper la institucionalidad frente a una crisis. Y esto es un golpe a la democracia”. (I)