En el nacimiento de la historia republicana de nuestro país eran los grupos de notables de la Costa y Sierra que se reunían para elegir a sus representantes, y luego, entre ellos elegían al Presidente. Así nacieron estas dos primeras funciones del Estado, luego vino la función judicial para años después crear la función electoral y ahora la función de transparencia y control social.

En el registro oficial de mayo de 2011, y según la última Constitución, se creó esta función. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de las autoridades.

Es así que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como parte del Consejo de Participación Ciudadana, promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación, impulsando mecanismos de control social, además de designar a ciertas autoridades del Estado.

Debemos recordar para el análisis y como complemento que en octubre de 2010 ya se había creado el Cootad, una ley hecha en función de regular la mala redistribución territorial de recursos y obras, por parte del Estado, a nivel de provincias, cantones y juntas parroquiales.

La participación ciudadana es un derecho que se ejerce de forma individual o colectiva, para incidir de manera protagónica en la toma de decisiones, planificando, gestionando y controlando los asuntos públicos.

La participación es el eje central en la construcción del poder ciudadano, en el marco de una nueva forma de Estado y como parte primordial del mantenimiento de una democracia real, directa y participativa.

He escuchado de parte de algún funcionario del Consejo de Participación Ciudadana, en ciertos cantones del Guayas, cuando ha tenido que cumplir con la ley, que las autoridades son autónomas, lo cual no es del todo cierto.

En el caso de Guayaquil, se crearon ordenanzas en función de la participación, pero luego de leerlas creo que a las mismas les dan poca importancia o validez.

Llamamos a las autoridades elegidas y posesionadas como presidenta y demás consejeros a cumplir y hacer cumplir con lo siguiente:

Mayor difusión y socialización de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Revisar la ley en cuanto a la aplicación de sanciones a las autoridades
Realizar auditorías a los GAD y otras autoridades.
Que se haga un seguimiento al comité de usuarios.
Que se repliquen y multipliquen en las parroquias estos comités barriales de participación ciudadana.

En el caso de la revocatoria del mandato y a quien corresponda, debería revisarse la ley en el sentido que no sea mal utilizada.

Atentamente

Ing. Miguel Campos Arévalo