La caída del sector de la construcción desde mediados de 2015 afectó a empresas vinculadas directa e indirectamente con esa industria. La falta de ingresos suficientes llevaron a que los negocios acumulen retrasos en el pago de sus obligaciones laborales, tributarias y financieras.

Ese fue el caso de la empresa Enlace, una administradora de fondos y fideicomisos que trabaja mayoritariamente con compañías constructoras.

La firma acumuló seis meses de atrasos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por cerca de $ 100.000. Los 58 trabajadores no podían acceder a todos los servicios que presta el Seguro Social.

La situación se solucionó cuando la empresa se acogió a la reducción de intereses, multas y recargos en el IESS. Pagaron casi la mitad del monto adeudado, con ello se habilitaron de inmediato las prestaciones en el Instituto, comentó Eulalia Vaca, gerenta de Recursos Humanos de Enlace.

El proceso nació con la Ley de Fomento Productivo (agosto 2018) y abarca a entidades públicas, como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae), banca y empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados y Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Las personas (naturales o jurídicas) con obligaciones pendientes hasta el 2 de abril de 2018 podían acceder al beneficio, siempre y cuando paguen la totalidad del capital; lo que se condona son los intereses, multas y recargos generados por los retrasos.

Para esto se establecieron mecanismos acordes al volumen de ingresos de los contribuyentes o usuarios, además de condiciones, según cada entidad.

En el caso del SRI, el plazo máximo para realizar el trámite fue de 90 días, a partir de la publicación de la ley en el Registro Oficial. En ese tiempo las empresas accedían al 100% de la remisión; o, en el caso de pequeños negocios y emprendimientos, pudieron solicitar un plan de pagos por los próximos dos años.

Hasta el 26 de diciembre en Rentas Internas la recaudación superó la meta y recaudó $ 1.076,68 millones, a través de 308.000 contribuyentes (personas naturales) (ver infografía).

En el IESS la diligencia se extiende hasta enero de 2019, con diferentes porcentajes de reducción. No eran sujetos del proceso los morosos por fondos de reserva, aportes por trabajo no remunerado del hogar, préstamos con el Biess, entre otros.

Al 25 de diciembre los resultados del IESS eran $ 52,1 millones, el 54% corresponde a empleadores unipersonales, micro y pequeña empresa.

El Gobierno propuso el mecanismo como una vía para obtener recursos frescos ante las necesidades de liquides de la caja fiscal. Proyectaba recaudar en total $ 774 millones hasta 2020.

La remisión dividió opiniones. Por un lado, están quienes la consideran una herramienta para aliviar las cuentas de los negocios aquejados por la situación económica del país de los últimos años.

Pero también hay voces que manifiestan que el Estado comprometió ingresos futuros, especialmente tributarios, al condonar los intereses y desistir de juicios. Para ellos, los mayores beneficiados son las grandes empresas.

El Gobierno reitera que si bien las grandes compañías son superiores en monto (dinero), la mayor cantidad de contribuyentes favorecidos se encuentran en las micro y pequeñas empresas, y en la economía popular y solidaria (EPS).

Durante el debate en la Asamblea Nacional las críticas también apuntaron a que el mismo proceso se llevó a cabo en dos ocasiones durante el anterior Gobierno, ante lo cual la Ley de Fomento Productivo puso un candado de 10 años.

En palabras de Eulalia Vaca, la remisión permitió “oxigenar” las finanzas internas de la empresa y eliminó inconvenientes para los trabajadores. (I)