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SOS por la Seguridad Social

Dicen que un país no quiebra. Si la seguridad social quiebra, el país está quebrado. A pesar de los significativos esfuerzos desplegados durante los últimos años, la seguridad social de nuestro país atraviesa por problemas extremadamente serios. La situación requiere soluciones urgentes y de fondo. Hay que recordar que el Sistema de Seguridad Social Ecuatoriano, constitucionalmente,  es de carácter público, universal y no privatizable y se rige por los principios de solidaridad y universalidad. El camino recorrido ha sido largo y tortuoso, no ajeno a serias dificultades y decisiones muy polémicas. El número de afiliados y la población atendida, más que se duplicó, las pensiones aumentaron, se restablecieron e incrementaron los créditos hipotecarios y quirografarios, se construyeron y equiparon muchos hospitales y centros de salud, se contrataron más médicos y enfermeras, etc. Todo lo hecho es insuficiente. Lo que falta por hacer no sólo que es muchísimo, sino sumamente complejo. Requiere, ante todo, de la voluntad política del Gobierno Nacional, de la Asamblea Nacional y de la sociedad en su conjunto, particularmente de los empleadores y trabajadores.

Es indispensable un diálogo amplio que permita definiciones sobre los temas fundamentales. Tiene que aprobarse lo más pronto posible la nueva Ley Integral de Seguridad Social basada en los principios consagrados en la Constitución de Montecristi. Hace falta estudios actuariales (que podría encargarse a las universidades) que permitan incorporar las nuevas variables y parámetros (contingencias, prestaciones, edad, años de aportes). Solamente un estudio profundo permitirá esclarecer la situación real de la Seguridad Social (incluido el IESS y el BIESS). La universalidad, la equidad y la solidaridad, se financian con aportes. Decir, simplemente, que el Estado paga, es decir muy poco. La propia Constitución obliga que toda erogación o gasto incluya la fuente de financiamiento... Al final del día, todos los caminos conducen a la tributación o a la contribución. Casi todos o, al menos la mayoría, estamos de acuerdo con la urgencia de construir un Estado y una Sociedad de Bienestar. La pregunta es:  ¿Habrá consenso para que el financiamiento esté cubierto, de acuerdo con la capacidad contributiva, por el conjunto de la población? De lo que se conoce, el déficit actuarial del fondo de pensiones jubilares, con proyección al año 2053, superaría la astronómica cifra de 200.000 millones de dólares. De manera que la cobertura de pensiones, si no se toman medidas urgentes y efectivas, tendría los años contados.

El Presidente Moreno, la Asamblea Nacional, los empleadores, los trabajadores, la ciudadanía en general, tienen la responsabilidad de abrir un diálogo nacional para consensuar una solución. Lo que debemos tener muy claro es que ninguna solución pasa por la privatización. En Consulta Popular, los ecuatorianos ya dijimos ¡NO A LA PRIVATIZACIÓN! (O) 

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