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Protocolo de Nagoya

Se ha anunciado que la Asamblea Nacional retorna de la vacancia legislativa, el 14 de agosto con el debate de la aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos, tratado internacional – poco conocido y difundido – que lleva en discusión alrededor de 4 años.
El llamado “Protocolo de Nagoya” tiene profundas consecuencias en lo referente a la conservación de recursos genéticos, pero especialmente en la distribución de los recursos generados por la utilización de la diversidad biológica (art. 1), es decir, recursos genéticos de plantas, animales, incluso de seres humanos.
El Protocolo tiene particular interés en las comunidades indígenas, ya que busca incluir el patrimonio genético de las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales en el desarrollo de la biotecnología, sin siquiera pensar en alguna reglamentación ética o de derechos humanos.
El principal sustento, legal y ético, del Protocolo es el “consentimiento fundamentado previo” que consistiría en la aceptación “de la Parte que aporta dichos recursos que es el país de origen ... o una Parte que haya adquirido los recursos genéticos conforme al Convenio” (Art. 6). La figura misma del consentimiento fundamentado previo ha sido ampliamente discutida, porque abre la posibilidad de que las naciones, comunidades indígenas “negocien” sus recursos genéticos con terceras partes, en un claro conflicto de intereses.
Adicionalmente, el Protocolo de Nagoya tiene algunos encuentros con la Constitución, particularmente con los artículos 57.7, 57.12, 322, 402, y 422 que hacen referencia a: consulta previa a nacionalidades, recursos genéticos, propiedad intelectual y tratados internacionales. De acuerdo con la Constitución (art. 313) el Estado tiene la administración y control exclusivos de recursos estratégicos, como es el patrimonio genético y la biodiversidad.
El desconocimiento del Protocolo de Nagoya responde a intereses geopolíticos mundiales, por eso, desde hace algún tiempo hemos afirmado que se requiere un profundo debate sobre el mismo; ya que sus consecuencias podrían ser perjudiciales para comunidades indígenas y nuestra biodiversidad. No se puede negar la legislación internacional para proteger el patrimonio genético y los conocimientos ancestrales de la biopiratería, sin embargo, la verdadera intención de este Tratado es facilitar la utilización de los recursos genéticos por parte de los países desarrollados en investigación y que son utilizados por las grandes corporaciones transnacionales. Cabe recordar que, actualmente, la estructura del capitalismo se sostiene en la apropiación de: conocimiento, recursos genéticos, y en general de la vida. (O)

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