Opinión

Editorial EL TIEMPO | saludos@eltiempo.com.ec

Impugnación en selección

Fecha de Publicación: 2012-08-08

Dentro del proceso de selección de los nuevos integrantes de la Corte Constitucional, se cerró el período de impugnaciones a las que la ciudadanía tiene derecho si posee dudas y cuestionamientos acerca de uno o varios de los aspirantes, y de esta manera se da el caso de que existen más de veinte impugnaciones, tomando en cuenta una serie de reparos, que irían desde acusaciones de nepotismo a peculado. Inclusive el actual Presidente de la Corte Constitucional, que concursa en el proceso, cuenta justamente con una impugnación, al igual que el Fiscal del Guayas en ejercicio, a causa de su decisión en el polémico caso de la indagación que suspendió en el caso “Chucky Seven” contra el juez Juan Paredes.

Es normal que se den las impugnaciones, y ello más bien tiene el propósito de comprobar, de modo fehaciente, si tal o cual aspirante cuenta con un perfil ciento por ciento idóneo para el desempeño del cargo al que aspira, y en el caso concreto de la Corte Constitucional, el proceso de selección debería, si cabe, ser mucho más riguroso. Sin embargo, más allá de las impugnaciones en sí, se tiene la impresión en diversos sectores ciudadanos de que el conjunto de aspirantes seleccionados del concurso para tan importante organismo en la vida democrática del Estado, no contarían con el grado de independencia necesario, ya que si bien son los diferentes poderes o funciones del Estado quienes enviaron las respectivas nóminas de candidatos, en definitiva todos parten de la matriz oficialista, en tanto de una u otra manera, la Legislatura, la Función Judicial y la de Transparencia tienen visibles vínculos con el Ejecutivo, y a ella se deben muchos de los actuales parlamentarios que controlan esa Función, o los miembros del Consejo de la Judicatura transitorio, en cuanto a la Función Judicial. De allí las dudas sobre la independencia que puedan tener esos futuros miembros de la Corte Constitucional.

Esto es grave, puesto que entre las principales atribuciones de la Corte, se halla la de determinar la constitucionalidad o no de una decisión en las diferentes funciones del Estado, y ya con la actual Corte no ha existido tal independencia en cuanto a sus decisiones, aparte de la cuestionable calidad de algunos fallos.