Cuenca

Opinión

POR Por: Manuel Neira C. | manuelignacioneira@hotmail.com

Poder tributario a Gobiernos autónomos

Fecha de Publicación: 2010-08-28

El artículo 301 de la Constitución de Montecristi prescribe que “solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos”; sin embargo, el Art. 179 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización aprobado recién por la Asamblea Nacional, preceptúa: “Con la finalidad de establecer políticas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados –regiones, provincias, cantones, distritos metropolitanos, juntas parroquiales-podrán fijar un monto adicional referido a los impuestos a los consumos especiales y al precio de los combustibles...”


Está a la vista que la disposición del Código quebranta, sin atenuantes, el principio democrático de la soberanía legislativa y la letra y el espíritu de la disposición constitucional, y crea un conflicto jurídico frente a la supremacía de la Carta Magna determinada en el artículo 424: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”.


Mas, aparte de su evidente inconstitucionalidad, la disposición del citado Código desordenaría, por decir lo menos, la política económica y el sistema tributario fiscal y afectaría grandemente al bolsillo, siempre necesitado, escaso, de los contribuyentes; pues, cualesquiera de los gobiernos autónomos, indiscriminadamente, vale decir consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales, podrían establecer, dentro de su jurisdicción, a su arbitrio, según su saber y entender, nuevos impuestos sobre los impuestos ya existentes a los consumos especiales y los combustibles... Se visualiza, por ejemplo, la dificultad de compaginar el subsidio que da el Estado a la gasolina, con el pago del impuesto sobre este combustible que fijen los gobiernos autónomos. ¿Se piensa, acaso, levantar el subsidio?


El Presidente, como colegislador, y la Legislatura, como responsable de la expedición y la reforma de las leyes, debieran revisar y esclarecer el contenido y sobre todo el alcance de la norma en cuestión, encuadrarla en el ordenamiento jurídico constitucional, racionalizarla. Tal como está podría alterar el orden tributario y crear conflictos sociales de impredecibles consecuencias.

 

 





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