Cuenca

Opinión

POR Por: Manuel Neira C. | manuelignacioneira@hotmail.com

Justicia indígena

Fecha de Publicación: 2010-05-29

La Asamblea Constituyente de 1998 presidida por doctor Osvaldo Hurtado Larrea, al dictar la nueva Constitución, incorporó, a sus preceptos, el derecho de las autoridades de las comunidades aborígenes a ejercer la “justicia indígena”; derecho que la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi lo acogió, primero, y lo insertó, después, en la Constitución del 2008, hoy en vigencia.


No puede menos de mencionarse que esta facultad, en una y otra Constitución, se refiere a “la solución de conflictos internos” de los pueblos indígenas, y condiciona su aplicación a que sus normas y procedimientos, “no sean contrarios a la Constitución de la República, a las leyes y a los derechos humanos”.


Mas, al amparo de ella, y con frecuencia preocupante, se han dado excesos sin nombre. Juzgamientos que vulneran flagrante e impunemente las reglas de convivencia social y el debido proceso, las garantías constitucionales, los derechos humanos, la ley... Imposición de penas proscritas hace mucho de las legislaciones de los pueblos civilizados; secuestros, castigos infamantes, azotes, tortura, muerte en la hoguera...


Dos hechos de barbarie y de violencia de estos días han conmovido la conciencia nacional y han puesto en entredicho, sobre el tapete, la procedencia de la “justicia indígena”. El inhumano juzgamiento y la condena a muerte –conmutada luego por cinco años de trabajos comunitarios- a un campesino de Cotopaxi acusado de homicidio, y el linchamiento e incineración de dos jóvenes de Loreto, provincia de Orellana.


Claramente se advierte que los ensayos de la “justicia indígena”, a más de contrarios a la Constitución y a los derechos humanos, delatan regresión inadmisible a formas de conducta propias de etapas superadas, y menguan la propia identidad cultural de los pueblos aborígenes que se pretendía rescatar.


El problema alienta el debate sobre la conveniencia de mantener la “justicia indígena” o devolver a la Función Judicial el ejercicio, ejercicio exclusivo, pleno, de la potestad jurisdiccional, es decir de administrar justicia, y restablecer, por tanto, el principio de la igualdad de todos los ecuatorianos frente a una misma ley.

 

 

 





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