Cuenca

Afiliación al IESS, entre la obligación y el delito

Muchos trabajadores, como los del sector de la construcción, no son afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. EL TIEMPO

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A menos de un mes para la consulta popular, las reacciones a favor y en contra se intensifican.

Fecha de Publicación: 2011-04-11 00:00

Respecto a las pregunta 10, sobre tipificar como delito la no afiliación de los empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, opinan el gobernador del Azuay, Leonardo Berrezueta, y el asambleísta socialcristiano Leonardo Viteri.

 Presión

A criterio del Gobernador, el voto por el Sí permitirá que la ley presione a los patronos a cumplir sus obligaciones laborales y reducirá el porcentaje de personas no aseguradas. Berrezueta considera que dejar sin estos beneficios a un trabajador bien puede considerarse una estafa, sobre todo por las situaciones colaterales a las que está expuesta un ciudadano no afiliado.


“Qué pasa si una persona sufre un accidente de trabajo y el empleador no lo tiene asegurado... si el obrero fallece existe responsabilidad del empleador, por lo tanto, hay que garantizar que el aseguramiento sea obligatorio”, detalla.


El representante del Ejecutivo en la provincia refuerza su apreciación al decir que los derechos de los obreros y empleados son irrenunciables, eso lo estipula el artículo 4 del Código del Trabajo y así lo reconoce la Convención Interamericana de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.


“Estamos cumpliendo con pactos y disposiciones internacionales, más allá de la normativa legal vigente. Cumplimos con la Constitución y es necesario que esa regulación entre en vigor”, asevera.

 Preocupación
Leonardo Viteri, en tanto, dice sentirse preocupado por la clase media del país, que, al reconocerse como infracción penal la no afiliación de trabajadores al Seguro Social, dejará de contratar a empleadas domésticas.


Comenta que el costo mensual de una empleada doméstica, sumados el sueldo básico, el décimo tercero, el décimo cuarto y otros beneficios, es de 400 dólares promedio, salario que únicamente personas con ingresos superiores a los 1.500 dólares mensuales podrían solventar.


Otros afectados serían los pequeños ganaderos que contratan jornaleros, los microem-presarios que requieren obreros, los transportistas que necesitan choferes, etc.


Eso sin contar, indica el parlamentario, que la pregunta resulta ociosa e innecesaria, pues el Código del Trabajo ya especifica cuáles son las sanciones para quienes no cancelan todos los haberes a sus empleados, “la legislación laboral es súper específica, lo que falta es hacer cumplir la ley”, precisa.


Para el asambleísta opositor  Leonardo Viteri, de lo que debería ocuparse el Régimen es de otros asuntos trascendentales, como verificar la eficacia del IESS, según él, porque desde la llegada de Ramiro González a la presidencia del Consejo Directivo de la dicha entidad, no se ha resuelto la deuda de 30.000.000 de dólares de mora patronal privada, para con el Seguro Social. (JRT) 

 

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