Ecuador busca frenar pago a Brasil y revisa deuda externa

El anuncio se produce horas antes de que una comisión encargada de investigar la legalidad de la deuda externa tomada por Ecuador en los últimos 30 años brinde más detalles sobre su informe final, en base del cual el presidente Rafael Correa decidirá la futura política financiera del país.

Los inversores extranjeros temen que Ecuador decida incumplir con sus obligaciones externas, que rondan los 10.000 millones de dólares, debido a que la caída en el precio del crudo redujo los ingresos del Estado por sus vitales exportaciones de petróleo.

Correa, aseguró en varias ocasiones que, llegado el caso, priorizará el gasto social para llevar al país hacia el socialismo frente al cumplimiento de las obligaciones financieras.

"Estamos pidiendo la suspensión de los pagos (del crédito del brasileño BNDES) mientras se determinan todos los reclamos que estamos haciendo", dijo Jorge Glas, presidente del Fondo de Solidaridad, que administra las empresas estatales del sector eléctrico.

La demanda se presentó ante la Cámara de Comercio Internacional en París, ente fijado en el contrato para los posibles reclamos, dijo el funcionario.

En su informe difundido en la noche del miércoles, la comisión auditora de la deuda externa calificó de "ilegales" los bonos Global 2012 y 2030, que agrupan un capital de unos 3.200 millones de dólarmes, debido a que su negociación perjudicó los intereses del país.

También identificó "ilegalidades" en algunos créditos multilaterales y bilaterales, debido a irregularidades en los términos de la negociación.

Con el informe en la mano, Correa deberá decidir si el país seguirá cumpliendo con esas obligaciones financieras o se declará en "default" como en 1999, cuando una crisis económica puso a la pequeña nación contra las cuerdas.

El próximo vencimiento de la deuda que enfrenta Ecuador será el 15 de diciembre, cuando deba pagar un cupón de sus bonos Global 2015 por 30,4 millones de dólares.

Según el riesgo país ecuatoriano medido de acuerdo al índice EMBI+ elaborado por JP Morgan, los mercados consideran que el país andino tiene cerradas las puertas al financiamiento internacional por su alto potencial de incumplimiento.

"Las fuentes de financiamiento que tenemos abiertas son las multilaterales y bilaterales (....) Todos sabemos que no vamos a obtener crédito del sector financiero internacional", señaló un confiado Correa durante la presentación oficial de unas medidas para enfrentar los efectos de la crisis mundial.

El crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de unos 320 millones de dólares, había sido otorgado al Estado ecuatoriano para la construcción de la central hidroeléctrica de San Francisco, la segunda mayor del país, a cargo de la constructora brasileña Odebrecht.

Según Glas, el arbitraje obedece a irregularidades presentadas en la ejecución del préstamos, por lo que "sencillamente (éste) tiene vicios de ilegalidad".

La central hidroeléctrica presentó problemas técnicos tras un año de operación, lo que provocó el reclamo del Gobierno a la constructora Odebrecht, que se negó a pagar las reparaciones económicas que solicitaba el país.

Correa decidió expulsar a Odebrecht de la nación y pasar a manos del Estado los proyectos de la firma, entre ellos otras centrales hidroeléctricas, un aeropuerto y una carretera principal.

Una portavoz de la cancillería brasileña dijo que todavía no han recibido ninguna notificación oficial sobre el arbitraje y por lo tanto no van a emitir comentarios.

En tanto, un portavoz del BNDES también dijo que "el banco no va a comentar esa noticia" porque tampoco tiene información oficial al respecto.