Cuenca

Asamblea da un mes al Gobierno para responder

Reunión | Entre las resoluciones está invitar a la ciudadanía a participar en el paro nacional del 17 de marzo

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La asamblea provincial convocada por la Prefectura del Azuay tuvo acogida entre exautoridades, políticos locales de oposición, dirigentes sociales y ciudadanos.

Fecha de Publicación: 2016-03-04 00:00

Anoche, al final del encuentro, se elaboró un documento de ocho puntos en el que se pide al Gobierno respuestas inmediatas sobre las deudas pendientes.

Pero además del dinero pendiente, en el manifiesto se resolvió apoyar la protesta nacional convocada para el 17 de marzo, rechazar los proyectos mineros y dar como plazo el 4 de abril para que el Gobierno les responda.


Para asegurarse de que lo planteado se cumpla, conformaron una comisión presidida por el exalcalde y exvicepresidente de la república, Alejandro Serrano Aguilar, y acompañada por Xavier Muñoz Chávez, Andrea Rivera, Carlos Pérez Guartambel, Edison Déleg, Ruth Caldas, entre otros.
El ausente de la tarde fue el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, quién se justificó porque debía viajar a Quito para cumplir gestiones relacionadas con la ciudad.

 Reclamo
La asamblea inició a las 17:30, pero mientras se instalaba un grupo de ciudadanos que se identificaron como moradores de Uzhupud, San Juan, Mariano Moreno y La Asunción protestaron en los exteriores de la Casa de la Provincia porque consideran que existe desatención vial por parte de la Prefectura.


En inicio se ubicaron junto a la pileta del parque de San Blas, pero de a poco entre gritos y empujones superaron el resguardo policial hasta ubicarse en la vereda frente a la puerta principal.

 Sesión
Al interior, el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, aseguró que el 90 por ciento de la provincia estaba de acuerdo con la asamblea, esto por datos de una encuesta de la que no reveló su fuente.


Reiteró que la reunión fue convocada con dos objetivos: analizar la situación económica para plantear alternativas y emitir un criterio sobre temas de la realidad social y política del país.


Hizo un recuento de las deudas que el Estado mantiene con los gobiernos locales, juntas parroquiales, municipios, universidades, SOLCA, clínicas privadas por derivación de pacientes, entre otros, y que según dijo superan los 150 millones de dólares.


También se refirió a temas como las reformas laborales, la paralización de obras en Cuenca, los proyectos mineros, etc.


Empezaron las intervenciones y René Lucero, representante de las Juntas Parroquiales del Azuay, respondió a los manifestantes que estaban fuera de la Prefectura al decir que el descuido vial también es responsabilidad del Gobierno y sus aliados. Mencionó, por ejemplo, que les retiraron el permiso para operar la mina La Virginia en Paute y que no les entregan de material por la estabilización del cerro Tamuga.


Pero además de pedir respuestas sobre los problemas económicos, los participantes no dejaron de lado el tema político. Algunos pidieron declarar personas no gratas a los asambleístas y ministros azuayos. (JGJ) (I)

 

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